El gerente del Consejo de Seguridad Social, Arismendi Díaz Santana, favoreció la inversión de una parte de los recursos que manejan las administradoras de fondos de pensiones en certificados del Banco Central, por considerar que se trata de instrumentos confiables y de gran rentabilidad.
 
"Estos certificados generan una rentabilidad más del doble que los otros instrumentos en los que se está invirtiendo. En estos momentos son la fuente más atractiva y tienen la seguridad de una institución sólida, con una solvencia que nadie puede cuestionar", señaló el funcionario.
 
A su juicio, la inmadurez que todavía acusa el sistema de seguridad social del país es la razón de que no exista un mercado de valores importante y es por eso que hay pocas alternativas de inversión que garanticen solvencia, liquidez y rentabilidad.
 
Recordó que el CNSS es el único órgano con capacidad para incluir nuevos instrumentos financieros en los posibles destinos de inversión de los fondos de pensiones, y por lo tanto no descarta que los certificados del Banco Central puedan formar parte de esos mecanismos.
 

Díaz Santana reconoció, no obstante, el derecho que tienen los empleadores a objetar una iniciativa en esa dirección y confió en que un diálogo entre ese sector y técnicos del Banco Central puede despejar cualquier duda en torno a la viabilidad de hacer esa inversión.

La Junta Monetaria designó una comisión encargada de establecer, con el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y otras instituciones vinculadas al sistema, el uso que se dará a los recursos captados a través de los fondos de pensiones.
 
Mediante una resolución del 11 de marzo, la Junta nombró a tres de sus miembros para integrar la comisión e incluyó en ella a la consultora jurídica del Banco Central. La comisión fue instruida para que, en representación del organismo, “se reúnan con el CNSS y con quien fuere necesario, a fin de establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para determinar, entre otras cosas, el destino de los recursos provenientes del sistema previsional de las administradoras de fondos de pensiones”.
 
El contenido de la resolución fue dado a conocer en sesión del CNSS después de que el gerente del Banco Central, Apolinar Veloz, diera lectura a una supuesta resolución en la que la Junta Monetaria autoriza a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a invertir los recursos que manejan en certificados del Banco Central sin tope máximo. La noticia causó revuelo entre los miembros del CNSS, algunos de los cuales se pronunciaron en contra de semejante iniciativa.
 
Tanto el sector empleador, como la clase trabajadora y el Gobierno, aunque en principio no se oponen a que las AFP inviertan en certificados del Banco Central, restaron calidad a la Junta Monetaria para tomar ese tipo de decisiones.
 
“El único y máximo responsable en este país de los destinos de los fondos de pensiones es el CNSS, porque eso es lo que establece el artículo 97 de la Ley 87-01. El Consejo es el responsable y el garante frente al país de la transparencia, la rentabilidad y la seguridad de esos fondos”, sostuvo Arismendi Díaz Santana, gerente del CNSS.
 
Mientras, el presidente de la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom), Virgilio Ortega Nadal, expresó que “el Banco Central y la Junta Monetaria no tienen potestad para decidir sobre esos instrumentos”, y agregó que “el gerente del Banco Central ha tergiversado la realidad y ha demostrado un interés que no entendemos del Banco Central de adueñarse, de apropiarse de esos fondos, de manera casi coercitiva, lo cual es muy peligroso y mueve a mucha sospecha”.
 
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Elena Villeya de Paliza, manifestó que el sector empleador tiene la voluntad de trabajar para que la Ley 87-01 pueda implementarse con éxito y sostenibilidad, siempre con la visión de proteger el ahorro de los trabajadores y asegurar que la seguridad social funcione.
 

En tanto que el dirigente sindical Rafael Abréu expresó que la clase trabajadora está de acuerdo en que se invierta en bonos del Banco Central, pero sin violar los procedimientos establecidos, y coincidió con los demás miembros del Consejo en que sólo ese organismo tiene calidad para emitir resoluciones sobre el futuro de los recursos que administran las AFP.