El 25 de marzo, el Gobierno empezó a llevar a la práctica el compromiso asumido pocos días atrás con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pidió un pronto contacto con los acreedores privados. De este forma, integrantes del equipo económico han comenzado a reunirse con los acreedores para escuchar sus propuestas y aclarar dudas, pero no para detallar cuál será la oferta final que presentará el Gobierno.
 
La Unión de Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensiones (UAFJP) abrió el debate, representada por los principales directivos del sector. De acuerdo a lo señalado por su director ejecutivo, Horacio Canestri, el encuentro fue razonable y permitió comprobar que en ambas partes existe el propósito de llegar a una solución.
 
Las AFJP aceptaron empezar a cobrar los bonos que reciban tras la reestructuración de la deuda recién a partir de 2010. También se mostraron de acuerdo con un alargamiento sustancial de plazos de los títulos y una reducción de las tasas de interés, pero a cambio estipularon dos condiciones que, aseguraron, serán inmodificables en la negociación: exigen que se respete la moneda original de la inversión (dólares) y que se mantengan las garantías que hoy poseen sus papeles en default.
 
El aumento de plazo propuesto le permitiría al gobierno hacer frente a los principales vencimientos de la deuda nueva que tiene por delante en los próximos años, especialmente los BONDEN y los préstamos garantizados en pesos.
 
Si bien no hay aún una fecha para un nuevo encuentro, Horacio Canestri consideró que será cuando hayan avanzado los trabajos que tanto las AFJP como Economía quedaron en elaborar para analizar un canje viable. Las administradoras afectadas por el default son todas menos Nación, que aceptó la pesificación de los títulos que tiene en su cartera.
 
De los 83.000 millones de dólares de deuda en cesación de pagos que se van a reestructurar, el porcentaje más alto está en poder de tenedores locales. En tanto, el 29% de la deuda elegible está en poder de las AFJP.