El Congreso de El Salvador estableció una edad mínima de jubilación de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, y el requisito de 25 años de aportes al sistema. Anteriormente, los trabajadores podían retirarse al cabo de 30 años de servicio, independientemente de la edad. Esta reforma le generará al Estado un ahorro de US$7,5 millones sólo en el 2005 y se iría incrementando en los próximos cinco años, hasta llegar a US$32 millones en el 2009.
 
Sin embargo, la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada se mantiene para los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En términos prácticos, esta vía está abierta para quienes voluntariamente aporten más de los que la ley les exige cotizar a su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones.
 
Es decir, los cotizantes al sistema privado pueden retirarse antes de alcanzar la edad mínima antes señalada, siempre que el trabajador tenga en su cuenta un saldo suficiente para financiar una pensión igual o superior al 60% del Salario Base Regulador (promedio de sus sueldos devengados en los últimos 10 años, descontado a la tasa de inflación); y superior al 160% de la pensión mínima vigente en ese momento.
 

"El sistema permite la posibilidad de pensión anticipada independientemente de la edad y del número de años cotizados", destacó la directora ejecutiva de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Penisones (Asafondos), Ruth de Solórzano.

 La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) urgió al Gobierno a que apruebe dos nuevas leyes que permitirían ampliar las opciones de inversión de los ahorros de los cotizantes.
 
“Las AFP pedimos que se creen nuevos instrumentos de inversión para que podamos diversificar el riesgo”, dijo la directora ejecutiva de la gremial, Ruth de Solórzano.
 
La escasez de opciones para invertir ha forzado a las AFP a dejar más de US$20 millones en cuentas corrientes que prácticamente no ganan intereses. El dinero bien podría destinarse a la compra de títulos valores que ofrecieran rentabilidad, pero los pocos disponibles en el mercado no son suficientes para todo el dinero que manejan las administradoras.
 
Más del 80% del fondo de ahorro para pensiones de los trabajadores salvadoreños está colocado en papeles de deuda emitidos por instituciones públicas. La concentración es la segunda más alta en el mundo, entre todos los países que han hecho reformas previsionales.
 
El superintendente de Pensiones, Enrique Sorto Campbell, dijo que las posibilidades de que el Estado se declare en cesación de pagos, arrastrando consigo los ahorros de los cotizantes, "son remotísimas, pero no podemos prever qué va a pasar dentro de tres, cinco o más años".
 
Sin embargo, De Solórzano indicó que la fluctuación de precios de algunos títulos estatales, que siguen el vaivén de los mercados internacionales, está ocasionando inestabilidad a los fondos de pensiones.
 
Asafondos ve factible la creación de dos nuevas figuras que enriquecerían la oferta. Una de ellas es la titularización, que permitiría a las empresas emitir títulos de deuda amparados por flujos futuros de ingresos; y a los bancos emitir bonos respaldados por los flujos de remesas canalizadas desde el exterior.
 
La otra, es la creación de "fondos de inversión"; estos son paquetes de títulos de diferentes emisores, plazos y tasas de interés, que una vez juntos emiten nuevos papeles para que los inversionistas adquieran una participación en dichos portafolios. De Solórzano explicó que la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, ya contempla la posibilidad de que las AFP inviertan en fondos de inversión. El problema es que estos no existen en el país.
 
Tanto la titularización como los fondos requieren nuevas leyes para su nacimiento. De Solórzano señaló que ya existen proyectos para la creación de ambas figuras; lo que hace falta es que el Ejecutivo los pula y les dé iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa.