El sistema privado de capitalización implementado en Argentina en 1994, ha permitido que las AFJP capten el 82% del total de afiliados al sistema previsional, mientras el sistema estatal sólo tiene un 18% (principalmente personas que en 1994 tenían más de 50 años de edad, que no alcanzaban a juntar un capital que les permitiese obtener una mejor jubilación que la del sistema estatal).
 
Para quienes ingresan al sistema, la ventaja de la opción privada es evidente, ya que de un simple cálculo resulta que una persona que comienza a trabajar a los 25 años y se jubila a los 65, cobrará más del doble de jubilación que en el sistema público, habiendo aportado lo mismo, a pesar de que el Estado se queda con el 16% sobre la remuneración (aporte patronal); en tanto, sólo 11% (ahora 7%) va al sistema privado.
 
La llamada Prestación Básica Universal (PBU), que todos reciben, es muy inferior a lo que resultaría de sumar esos 16 puntos a la capitalización. Es un fuerte componente solidario del sistema, que de hecho es un simple impuesto, destinado a cubrir la mayor parte de las prestaciones vigentes del sistema estatal.
 
Cuando se creó el sistema privado, se pensó que el Estado respetaría las reglas. Pero no lo hizo, imponiendo una conversión de los préstamos en dólares a pesos, al tipo de cambio de $1,40, a lo que se suma el CER y el interés, dando $2 aproximadamente. Es decir, en dólares pierden un tercio de su capital, pero en poder adquisitivo ganan algo. Esos préstamos garantizados provenían de la conversión de títulos públicos en dólares, que se obligó a comprar a las AFJP, y que al final fueron defolteados.
 
Una de las principales critica al sistema privado son las comisiones, supuestamente muy elevadas. En promedio son de 2,54% de la remuneración; pero 1,24% se destina al seguro de vida e invalidez, quedando 1,30% para cubrir costos administrativos. De todos modos, la comisión total, inicialmente más alta, ha ido bajando por efecto de la competencia entre las AFJP.
 
De acuerdo a un informe oficial, el Estado dejó de recaudar en estos 10 años $74.535 millones (US$25.266 millones, aproximadamente), que fueron a las AFJP. La cifra parece exagerada, si se considera que hasta diciembre del 2001 las AFJP recaudaron $26.920 millones (US$9.125 millones, aproximadamente) de sus afiliados, quienes luego sólo tenían $20.786 millones (US$7.046 millones, aproximadamente) en sus cuentas. Lo que causó el descalabro de las finanzas públicas, que en 1994 volvieron al déficit, fue que al mismo tiempo se dispuso la rebaja de los aportes empresarios, más una serie de otras reducciones y eliminaciones de impuestos internos. Tampoco se dice que lo que el Estado dejó de recaudar en estos 10 años, lo ahorrará con creces en el futuro, cuando casi todas las jubilaciones sean pagadas por las AFJP.
 
El sistema tradicional de reparto se torna infinanciable, en la Argentina y en el mundo entero, en la medida que se acentúa el envejecimiento de la población. Por ello los técnicos recomiendan el sistema de capitalización, que independiza la jubilación del factor demográfico. El Estado, siempre sujeto a presiones políticas y necesitado de fondos, sería incapaz de administrar correctamente un sistema de estas caracterísitcas.
 

Volver al sistema estatal, o bien aumentar el componente estatal, como se pretende, sería un error. Hay que perfeccionar el sistema privado, lo que supone que el Estado deje de apropiarse de las colocaciones de las AFJP y que éstas asuman la responsabilidad por la cobranza (actualmente en manos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP).

 El Gobierno argentino decidió prorrogar un decreto que aumentaba los aportes jubilatorios del 7% al 11% y que debía comenzar a regir a partir del pago de los sueldos de julio. Si no se prorrogaba el decreto, en julio el descuento jubilatorio subía al 9% y a partir de octubre al 11%.
 

La decisión se adoptó para no reducir los sueldos de los 3,4 millones de aportantes regulares a los Fondos de Pensiones. Cada dos puntos de aporte jubilatorio representan unos 75 millones de pesos que se sustraerían del consumo mensual de esos trabajadores. El descuento jubilatorio de los afiliados al sistema público siguió en el 11%, en este caso, con el argumento de no reducir los ingresos del Estado.