El ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montiel, anunció que el Gabinete económico recomendó suspender, por lo menos seis meses, la entrada en vigencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
 
Según el análisis realizado por la comisión interinstitucional que revisa desde noviembre pasado la viabilidad de las reformas, el nuevo sistema está diseñado sólo para cubrir a 320 mil empleados formales, de una Población Económicamente Activa (PEA) de dos millones de personas. Además, la mayor parte del sector laboral informal, calculado en más de un millón de trabajadores, quedarían excluidos del sistema de Seguridad Social.
 
Según Montiel, aunque hay consenso en la necesidad de reformar el Seguro Social del país, la verdad es que la implementación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones no es viable social ni financieramente, porque hay “detalles” basados en experiencias de otros países que no son aplicables a la realidad de Nicaragua.
 
Además, indicó que “el hecho de tener una deuda pública alta, un déficit fiscal de los más altos en América Latina, un marco legal en el campo financiero que está en formación, y capitales que no están totalmente desarrollados, representan obstáculos. En países con estas características, se ha visto que el costo de transición se vuelve insostenible”.
 
Montiel dijo, además, que el principal costo de la transición del sistema de reparto al de capitalización individual, obedece a las obligaciones de corto plazo que deben honrarse.
 
“El problema en Nicaragua es que como está estructurada la reforma, el INSS traslada parte de los beneficios a las AFP, ellas cobran una comisión a los pensionados que va hasta el 28% de las cotizaciones para cubrir sus operaciones; sin embargo, si al final los ahorros no son suficientes para que las AFP cubran el retiro del pensionado, el Gobierno cubrirá una pensión mínima”.
 
Tal situación, a su juicio, es lo que pone en jaque a la reforma, pues al final los pensionados regresarían al Estado para recibir su pensión mínima.
 
A estos obstáculos se agrega otro de suma importancia, como es el déficit que significaría para el Seguro Social el inicio de las AFP. Se estima que con las reservas del INSS, unos 2.900 millones de córdobas, sólo podrían costear la transición al nuevo sistema por dos años.
 
“Si implementamos la reforma así como está crearíamos una crisis social para muchos y beneficiaríamos a unos pocos, la medicina resultaría peor que la enfermedad”, agregó.