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ECUADOR |
El Reglamento a la Ley de Seguridad Social será revisado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) antes de enviarlo al Ejecutivo, según informó la Procuraduría General del IESS.
El documento será entregado al secretario general de la OISS, Adolfo Jiménez Fernández, quien participó en la conferencia "Nuevas tendencias de la Seguridad Social", realizada en Quito.
Sin embargo, la Procuraduría del IESS enfatizó que aún no se conoce cuánto demorará el análisis del reglamento.
El 30 de julio, el escrito legal, que fue evaluado también por una comisión interinstitucional formada por representantes de la Presidencia de la República, el IESS, la Contraloría y la Superintendencia de Bancos, fue remitido a la Dirección General. Luego de la revisión, el reglamento deberá ser aprobado por el Consejo Directivo.
Con la aplicación del documento se concretará el Sistema Mixto de Pensiones en Ecuador.
El Fondo de Solidaridad (FS) ofreció contribuir con $18 millones al Gobierno para financiar las pensiones de jubilación en lo que resta del año.
En el año 2004, el Fondo recibió $88 millones como utilidades de Andinatel y Transelectric para financiar los proyectos asignados por ley, pero solo utilizó $70 millones. El gerente del FS, Milton Ordoñez, aclaró que los proyectos de maternidad gratuita, Corpoecuador y obras sociales en 17 provincias ya fueron financiados y el saldo se puede destinar a las pensiones de los jubilados.
Para el 2005, la propuesta del organismo es recortar los montos asignados a los proyectos o eliminar Corpoecuador, cuya asignación anual representa entre $18 y $22 millones.
Según Ordóñez, la última alternativa deberá pasar por el Congreso, a través de una reforma a la ley de creación del Fondo de Solidaridad enviada por el Ejecutivo.
El 28 de julio fue publicada en el Registro Oficial la Ley de Incremento de Pensiones Jubilares, con lo cual entrará en vigencia dicho aumento y los jubilados devolverán las instalaciones del Seguro Social que se tomaron hace más de un mes.
El Gobierno ratificó que habrá recortes presupuestarios en el área de gasto corriente y proyectos sociales, para afrontar el alza de las pensiones, una vez que el Fondo de Solidaridad insistió en que presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional a los artículos de ese cuerpo legal que le obliga a entregar $25 millones, que no tiene, porque sus recursos están preasignados.