Diario La Nación
Más allá del futuro que le pueda depara al régimen de pensiones los cambios que el Gobierno proyecta introducir en la legislación, gran parte de los ahorros previsionales que acumuló el sistema desde 1994 está, desde hace casi dos años, en medio de la tormenta desatada por la caída en default y la posterior pesificación de la deuda estatal emitida bajo jurisdicción nacional, lo que impide tener visibilidad sobre su valor real.
 
Sobre cuál sería la mejor política en cuanto al destino de los fondos, cuatro analistas dan su opinión:
 
Daniel Marcú, Consultor de Towers Perrin.
En su opinión, para lograr que una porción de los ahorros sa canalice a financiar la actividad, lo cual sería positivo, debería haber mecanismos que garanticen el valor de los fondos y eviten fuertes fluctuaciones. "Al no permitir que haya indexaciones en los contratos, el Gobierno tiene una política de negar la realidad. Yo entiendo la postura, pero quien debe prestar a largo plazo va a tomar sus recaudos", sostuvo.
 
Más allá de la conveniencia de que exista el permiso para indexar, Marcú consideró que, si se financian proyectos que entrañen algún riesgo, debería haber reglas de amortización de pérdidas y contabilización de ganancias que impidan que haya efectos bruscos en el valor de los fondos.
 
Para Marcú, pensar en nuevos canales para los fondos no implica cuestionar que en su momento se haya dispuesto que hasta el 50% podía derivarse al sector público, algo que consideró "lógico" en la transición de un régimen a otro. Sin embargo, sí criticó el hecho de que en parte se haya obligado a comprar deuda pública; recomendó más inversión en acciones de compañías y dijo que las tenencias en el exterior (hoy en 10% como máximo) podrían llevarse al 20%.
 
Mercedes Marcó del Pont, Economista de FIDE.
En su opinión, es perverso un sistema previsional en el que "el Estado deja de obtener los recursos para luego tomarlos prestados del sector privado, pagando un alto costo", y recomendó que esa dinámica no se reitere. Considera que los fines productivos deberían ser el principal destino de los ahorros previsionales: "Se podrían fondear fideicomisos para la pequeña y mediana empresa, con un efecto multiplicador muy positivo", afirmó.
 
La economista cuestionó la actitud de calificar por un lado de perverso al sistema, y prever por otra parte que se obligue a las AFP a tomar deuda en los próximos años.
 
Gustavo Ferro, Profesor Investigador del Centro de Estudios Avanzados de la UADE.
Observó que, si bien podrían volcarse recursos a inversiones productivas, "no debe perderse de vista que la meta del sistema es proporcionar la cobertura económica para la vejez", por lo que cualquier tipo de crédito otorgado desde el sistema debería no hacerse a pérdida, sino a tasas de mercado.
 
Recordó que la Argentina, que basó su sistema en la experiencia chilena, dispuso controles cuantitativos (límites a cada instrumento de inversión) para manejar los fondos, a partir de un objetivo implícito: "maximizar el financimiento del Estado en la transición de un sistema a otro y minimizar la posibilidad de que los recursos vayan al extranjero". En Chile, recordó, con la madurez del régimen, los controles se fueron relajando y ahora el 20% del fondo está en el exterior. 
 
Paulo Guidotti, Ex Viceministro de Economía.
Considera que "siempre en la privatización de un sistema de seguridad social está el dilema entre dejar mayor libertad de inversión y financiar el indudable peso de la transición". Para él, el problema fue que en 2001 se obligara a las AFJP a financiar al Estado.
 
Según el economista, "difícilmente se logran resultados con el dirigismo público", a manera de regla para cualquier tipo de inversión. De acuerdo a su razonamiento, si se encuentran vías para financiar al sector privado, hacerlo será viable, pero nunca por el camino de obligar a las AFJP. En la misma línea, opinó que con el tiempo debería ir dándose mayor libertad para optar entre activos domésticos y colocaciones en el exterior.
07/12/2003

Diario La Nación
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, afirmó que el Gobierno no tiene aún una definición sobre el proyecto de reforma previsional que se elevará al Congreso el año próximo. Según el funcionario, la versión que trascendió en los últimos días, respecto de un sistema mixto en el que todos los trabajadores estarían en un sistema único, derivando dos tercios del aporte al Estado y un tercio a la AFJP, "es una versión de uno de 20 papeles que tenemos en el escritorio; pero estamos trabajando y no hay definición".
04/12/2003

Diario La Nación
El Gobierno dispuso, mediante un decreto de necesidad y urgencia, resolver el problema previsional de los monotributistas estableciendo que todos pasen formalmente al régimen de reparto. Los que quieran estar en una AFJP deberán tramitar una opción específica y pagar en forma obligatoria el monto del aporte personal, de al menos $33 mensuales (US$11, aproximadamente), que hasta ahora era voluntario.
 
El efecto más concreto e inmediato de la medida es que podrán acceder a su beneficio de pensión unas 2.000 personas que están gestionando el trámite y que se habían encontrado con dificultades normativas del sistema. Estos beneficiarios cobrarán los retroactivos por los ingresos devengados desde el momento en que debieron empezar a cobrar, en un único pago y en pesos, tal como lo dispone uno de los artículos del decreto 1124, publicado el 28 de noviembre en el Boletín Oficial.
 
El origen del problema previsional de los monotributistas se remonta a principios de 2000, cuando comenzó a regir una ley de reforma impositiva que anuló la obligación de hacer el aporte personal de $33 que se dirigía a las cuentas administradas por las AFJP (en el caso de quienes habían elegido el régimen de capitalización). A cambio, esa ley ordenó hacer, sin opción para el afiliado, una contribución de $20 (US$7, aproximadamente) con destino a una obra social, con opción a elegir entre un grupo muy reducido de entidades sindicales. Esa situación desfavoreció el ahorro en las cuentas individuales y creó una situación ambigua: los afiliados estaban formalmente en las AFJP, pero en la práctica no hacían aportes destinados a ese régimen, aun cuando estaban cumpliendo todos los meses con la cuota del monotributo.
 
El conflicto se presentó cuando se iniciaron trámites para obtener pensiones por invalidez y fallecimiento, ya que el Estado no reconocía a estas personas como afiliados al reparto y, a la vez, las AFJP argumentaban que, al no haberse percibido aportes provenientes de sus ingresos, por esos trabajadores no existía una póliza de seguros vigente para la cobertura de la contingencia.
 
Casi cuatro años después de producida aquella distorsión por la reforma impositiva, el Gobierno definió que el Estado debe hacerse cargo de esos pagos. Según el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, eso demandará una erogación inicial de unos $5 millones (US$1,7 millones, aproximadamente) por mes.
 
Según el nuevo decreto, corresponderán al sistema público todos los beneficios de pensión solicitados entre el 1° de abril de 2000 y el 27 de febrero del año próximo. Los trámites iniciados a partir de esa fecha estarán a cargo del Estado sólo si el afiliado no hizo opción para estar en el régimen de capitalización de acuerdo con un mecanismo que debe reglamentar la Superintendencia de AFJP en los próximos 60 días.
01/12/2003