República AFAP
Tras el anuncio, el 15 de mayo de 2003, del éxito del canje voluntario de valores públicos realizado por el gobierno uruguayo (adhesión de 93%), se registró una sensible recuperación de los precios de los nuevos bonos que determinó una caída del riesgo país de niveles de 1.700 puntos básicos, previo a la operación, hasta valores de 800 puntos.
 
Esta recuperación comenzó a registrarse en las semanas previas al canje, en la medida que aumentaba la probabilidad de alcanzar los niveles mínimos de adhesión para que se efectuara la operación. A partir de abril, los bonos uruguayos ya habían comenzado a registrar una gradual recuperación, aumentando en promedio un 7% (aunque el riesgo país todavía alcanzaba niveles de 2.000 puntos básicos), lo que se pronunció aún más en los primeros días del mes de mayo, con subas adicionales de 17%.
 
Tras alcanzar un mínimo de 677 puntos básicos el 17 de junio, el riesgo país se ha estabilizado en los últimos días en niveles de 700-730 puntos básicos, determinando una suba promedio en el valor actual de los títulos previo al canje del orden del 12%, de acuerdo a los precios de los tres principales bonos de referencia.
 
Se puede concluir entonces que los tenedores de bonos uruguayos en general y los afiliados de los fondos previsionales en particular, resultaron beneficiados del reperfilamiento, debido al aumento en el valor actual de sus inversiones.
 
Resulta importante destacar que debido al canje, Uruguay alcanzó circulantes del orden de los U$S 1.000 millones en dos de sus series de bonos y US$ 500 en otra, logrando de este modo la inclusión de tres papeles en el índice de riesgo país elaborado por JP Morgan. La profundidad alcanzada por estas series los hace más atractivos para los inversores extranjeros, demanda que ya se ha constatado en los mercados internacionales.
 
Resulta interesante observar que tras la revalorización sufrida por los títulos públicos luego del canje, éstos se ubican en niveles de precio similares a los alcanzados un año atrás, cuando se detentaba una calificación de riesgo de BB+, previo a que se profundizara la crisis financiera en el Uruguay.
 
Financiamiento al sector productivo
 
La escasa liquidez con que hoy cuenta el sistema bancario uruguayo ha determinado que las empresas del país enfrenten severas restricciones a la hora de obtener financiamiento.
 
En ese contexto, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) han implementado, y tienen en carpeta, algunos proyectos que apuntan a canalizar el ahorro de los afiliados hacia alternativas de inversión rentables y seguras, que además favorecen el desarrollo productivo del país. Tal es el caso del Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera, creado por Ley por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2002. Mediante esa Ley, el Gobierno convirtió un porcentaje de los ingresos futuros de los tamberos, derivados de la remisión de leche con destino a la pasteurización, en valores negociables que fueron vendidos a las AFAP. De esta forma, se afectó una parte de este mercado en forma temporal (por un período de 5 a 6 años), generando un flujo de fondos cuyo descuento permitió inyectar fondos por unos U$S 25 millones en el sector lechero vía préstamo a los productores.
 
Otro proyecto que está implementando el Gobierno junto con las AFAP en estos meses, es la creación de un Fondo para el sector arrocero. En el Uruguay, la producción arrocera es una actividad que se orienta mayoritariamente al mercado externo. La idea es crear un Fondo que se financiará mediante el establecimiento de una retención fijada por Ley del 5% sobre el precio FOB de exportación del grano. El plazo estimado del Fondo es de unos cinco años, período en el cual se generarían los recursos necesarios para el repago de los U$S 30 millones que se adelantarían a los productores de grano.

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El objeto de los Aportes Patronales por Servicios Bonificados, es que los trabajadores que cumplan actividades consideradas riesgosas o perjudiciales para su salud, puedan acceder a su jubilación en menor tiempo que un trabajador común.
 
Esta bonificación funciona de forma tal que los aportes patronales adicionales financian un adelanto en la jubilación del trabajador, considerando un período activo menor que en las actividades comunes.
 
Dado que en Uruguay el nuevo régimen jubilatorio es de carácter mixto, es decir se basa en dos pilares: un primer pilar obligatorio, formado por una primera franja de aportes que es servida y controlada por el Estado por intermedio del Banco de Previsión Social, y un segundo pilar de ahorro obligatorio, administrado por las AFAP, para los trabajadores que opten por esta modalidad o que se encuentren obligados por su edad y monto salarial; el aporte patronal por bonificación, también se divide de acuerdo a estos dos pilares y cada uno recibe una parte de ese aporte.
 
En el caso del Ahorro Individual, el aporte bonificado incrementa la cuenta individual con mayor velocidad que para los demás trabajadores, teniendo en cuenta que se jubilarán con menor cantidad de años de ahorro.
 
En estas condiciones están los choferes del servicio de transporte capitalino que tienen una bonificación del 9.20%, es decir, tal que cada 6 años de trabajo real se le considera 7 años de servicio para la causal.
 
Sin embargo, en este momento, las cooperativas de transporte capitalino han obtenido una sentencia favorable del Tribunal en lo Contencioso Administrativo, que las libera de hacer este Aporte Bonificado, ya que no se considera como “patronal” a los mismos cooperativistas. Esto significa que para los aportes por el primer pilar, el Estado se estará haciendo cargo del pago de la prestación correspondiente a sus años adicionales, pero en el caso del ahorro obligatorio, al carecer de otra financiación, directamente no contarán con este aporte adicional, variando sensiblemente sus condiciones de jubilación a la baja.