El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pondrá a disposición del gobierno de Uruguay fondos de largo plazo por hasta U$S 180 millones para que éste co-financie junto con los fondos previsionales y otros inversores institucionales, proyectos de inversión privados. Las inversiones se canalizarán a través de fideicomisos de oferta pública que tendrán exoneraciones tributarias por ley.  
 
El mecanismo prevé que el proyecto a financiar cuente con un "sponsor" que lo evalúe y patrocine y esté dispuesto a comprometer su patrimonio comprando al menos el 30% de la emisión del fideicomiso. Los “sponsors” podrán ser bancos, fondos previsionales u otros inversores institucionales, pero se establece que por lo menos una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) invierta en el Fideicomiso en una participación no menor al 20% de la emisión. Los fondos aportados por el gobierno no podrán superar el 50% de la emisión.
 
La participación de las AFAP tendrá como objetivo garantizar la buena calidad del proyecto, dado que de acuerdo con los organizadores son las entidades mejor calificadas para hacer el análisis de riesgo de proyectos de este tipo.
 
Los fideicomisos, que no contarán con niveles de subordinación, podrán ser de tres tipos: empresariales (financian el proyecto de una unidad productiva), sectoriales (financian un conjunto de empresas) y de infraestructura (aportan fondos para emprendimientos de ese sector).