Su alta concentración en las entidades financieras, que asciende a 97%, afecta su desarrollo. En ese sentido, es necesario crear nuevos instrumentos de largo plazos a través de la titularización, afirman las AFP.
 
Tres años después de constituirse el sistema previsonal, las administradoras de fondos de pensiones no han podido diversificar las fuentes de financiamiento de esos recursos lo que implica mayores riesgos y menores tasas de rentabilidad para los mismos. ¿La razón? Las autoridades no han dedicado el tiempo ni la energía necesaria para crear las condiciones que permitan el desarrollo de los nuevos mercados para la inversión.
 
"Por no poder diversificar, estamos en el peor riesgo posible”, afirmó uno de los representantes. Se refería a  la alta concentración de los fondos de inversiones en las entidades financieras donde están el 97% de esos recursos mientras que apenas el 3% se encuentran en bonos de empresas privadas.
 
Identificaron dos vías para la diversificación de la inversión de los fondos de pensiones. La titularización y las letras hipotecarias. Los representantes de las AFP se inclinan por la creación de una única empresa titularizadora (que es la experiencia colombiana), la que ya está constituida pero que no puede iniciar sus funciones porque no se han creado las condiciones adecuadas.
 
El encuentro con la prensa económica estuvo encabezado por Luis Molina Achécar, presidente del BHD y del Consejo de Directores de ADAFP, y Kirsis Jaquez, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones . Molina Achécar explicó que con la titularización, que es la “propuesta concreta” de las AFP, se pueden crear hipotecas que se depositen en un fondo determinado, las que constituirían las garantías de títulos que se emitirían a largo plazo.  Pero existen barreras “que no dependen de las AFP ni de los bancos”, manifestó. Para el desarrollo de un mercado inmobiliario a través de la titularización de hipotecas, y donde los fondos de pensiones puedan invertir, es necesario, entre otras cosas, la creación de un índice de tasas de interés, que permita su ajuste automático. Este índice sería como una “tasa libor” dominicana que serviría de referencia para que los tasas de interés de los títulos emitidos puedan ser renegociadas cada período de tiempo.
 

La otra posible opción, dijo, es la creación de letras hipotecarias, que es un instrumento que la Superintendencia de Pensiones se propone desarrollar. Pero este instrumento tiene sus inconvenientes. El principal es que deja en los bancos una contingencia que los obliga a crear provisiones y capital de riesgo, lo que encarece el crédito, y de paso no representa una verdadera diversificación del riesgo. Además, su desarrollo implicaría la necesidad de una modificación de la Ley Monetaria y Financiera para que los fondos de pensiones tengan prioridad en la prelación o preferencia en las garantías.

La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) expresó ayer su preocupación por la creciente evasión en el reporte de las cotizaciones de los trabajadores por parte de muchos empleadores.
 
La ADAFP lamenta que la Tesorería de la Seguridad Social no cuente con los mecanismos para determinar la cantidad exacta de empleadores que estarían descontando las partidas para el fondo de pensiones de sus empleados, pero no los remiten a la institución.
 

Esa acción representa una doble evasión, pues al mismo tiempo, los empleadores también dejan de reportar la parte que les toca, según la Ley de Seguridad Social, equivalente al 70% del aporte total.

El Banco Central está trabajando para crear los mecanismos a fin de que los fondos de pensiones puedan ser canalizados al mercado inmobiliario a través de la titularización, lo cual no sería incompatible con el mecanismo de las letras hipotecarias, que también podría implementarse en el país, se informó.
 

De acuerdo a lo informado, la decisión del Banco Central de crear una empresa tituladora para la venta del Proyecto Playa Grande, por primera vez en la historia del país, constituiría un aval para que luego a través de la titularización también se puedan invertir parte de los fondos de pensiones en el mercado inmobiliario.