Los dos principales candidatos a la Presidencia de la República de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y Geraldo Alckmin (PSDB), evitarán detallar, durante su campaña electoral las respectivas propuestas para el sector que más atrae la atención de los economistas: La Previsión Social.
 
Por ser un tema árido y poco consensual, PT y PSDB nada más dan indicios a través de estudios de técnicos que asesoran sus dos partidos de como pretenden tratar el tema en caso de que lleguen al poder en 2007. La tendencia que manifiestan los dos partidos y que ha averiguado el diario Folha de São Paulo sería de que una próxima reforma de la Previsión se haría inicialmente a través de legislación infraconstitucional, es decir, sin nuevos cambios en la Constitución.
 
Eso significa una reforma que comience muy periféricamente, por etapas y sin grandes polémicas, para que a lo largo del recorrido se pueda llegar a los debates complejos sobre temas como edad mínima para la jubilación (para futuros servidores) y fuentes de financiamiento de la Previsión.  
 

A partir del 2007, la polarización entre PT y PSDB debe ser más contundente, en un escenario distinto del 2003, porque entonces fue posible el diálogo entre oposición y gobierno durante los trámites para la reforma previsional. Hay por lo menos dos aspectos que serían el eje central de nuevas alteraciones: La elevación del límite de edad de jubilación para por lo menos 65 años, sobre todo a partir del 2020 – un tema que los expertos consideran inevitable frente al aumento de la expectativa de vida y de la transformación demográfica en Brasil –, y la fijación de reglas favorables a la formalidad en el mercado de trabajo y que incrementen  el combate a la evasión y fraudes.

Los fondos de pensión, ya vistos como instrumentos de protección social en la edad madura, fomentadores del crecimiento económico, estimuladores de la creación de empleos a través de las inversiones que realizan, además de incentivos de un mejor gobierno en las empresas en que actúan, son también una prueba viva de lo mucho que se puede avanzar cuando el sector público, la iniciativa privada y la sociedad se dan las manos y caminan hacia una misma dirección. Ha sido así desde hace 29 años, cuando la previsión complementaria pasó a ser reglamentada en el país, que no ha perdido fuerza: Brasil sólo tiene a ganar toda vez que Estado, empresas, sindicatos y cooperativas convergen para hacer llegar los planes de la previsión a un mayor número de brasileños. 
 
De modo especial, en los últimos 3 años y medio ha sido todavía más clara la diferencia entre un Estado que actúa en la expansión de las fronteras de la previsión complementaria, capaz de implementar en la práctica políticas públicas destinadas a diseminar nuevos planes previsionales en el país. El Gobierno propone la creación de una nueva superintendencia para supervisar y fiscalizar los fondos de pensión, dentro del espíritu que inspiró un intento similar hace poco más de un año y que, aún no atrayendo críticas en cuanto al mérito de la propuesta, ha sucumbido a las luchas partidistas. 
 
El molde que se busca es aquel de una autarquía, un organismo de Estado dotado de presupuesto propio y con mejores medios para realizar su tarea. Ese modelo tendría condiciones de superar lo mucho que ha hecho la actual Secretaría de Previsión Complementaria del Ministerio de la Previsión, que contando con la dirección del abogado Adacir Reis hasta fechas recientes, ha formado un equipo respetable por su capacidad técnica y seriedad de propósitos. Gobierno y Congreso deben dar los pasos necesarios para que un organismo de Estado de ese tipo se materialice, ofreciendo una base aún más sólida para el salto que los fondos de pensión se han preparado para dar. El momento es favorable, ya que divididos respecto a muchos puntos, gobierno y oposición ya han dado pruebas de convergir cuando se trata de la creación de un órgano de Estado responsable de la supervisión y fiscalización de los fondos. Sólo no puede faltar a los políticos, como ha sucedido en el pasado, la sensibilidad de que el tema trasciende las fronteras partidistas porque están en juego los intereses más elevados de la nación. 
 
Los fondos de pensión no rechazan la idea de asumir el costo de esa autarquía, no sólo porque así se procede en la mayoría de los países más desarrollados, según comprueban estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sino porque puede tener un costo mucho más elevado convivir con la amenaza de ser supervisado y fiscalizado por un órgano no capacitado, como ya ha sucedido en el pasado y podrá volver a suceder en futuro. Además, el aporte para el mantenimiento de una PREVIC será modesto, considerando el riesgo mucho más alto de gastar en el futuro para compensar problemas que la fiscalización no ha detectado a tiempo. Sin olvidar que, si el costo de la fiscalización queda a cargo de los mismos fiscalizados, se tendrá más recursos en el presupuesto de la Unión para aplicar en educación, salud y seguridad, entre otras demandas urgentes, hecho que fue comprendido y adoptado en países como Australia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Holanda, Polonia, Portugal y Noruega.