Promover igualar las condiciones de beneficios y obligaciones entre los distintos regímenes o unificarlos, crear una entidad que regule y supervise el sistema, elevar la edad mínima de jubilación y generar una cobertura e ingreso mínimo garantizado fueron algunas de sus recomendaciones. Respecto a las diferencias existentes entre los diversos sistemas, el principal -conformado por el BPS y las AFAP-, las cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales, y los servicios de retiro militar y policial, Guillermo Alves, Economista Principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, afirmó que «hay que avanzar a un régimen unificado que permita al país tener ganancias de escala, de eficiencia y también de equidad.

En ese sentido, Guillermo Montt, Especialista Principal en Protección Social de OIT para el Cono Sur, propuso que las cajas paraestatales complementen a los aportes hechos al sector público, es decir: ir hacia una «homogeinización de parámetros» para eliminar una fuente de inequidad y pensar que los subsistemas sean un «complemento». En este esquema, todos los trabajadores aportarían primero al BPS y lo aportado a la caja respectiva sería complementario.

Por su parte, Mariano Bosch, Jefe interino y Especialista Principal en la División de Mercados Laborales del BID, señaló que la fragmentación del sistema, con regímenes «particulares para distintos ciudadanos» y con «condiciones y derechos muy diferentes», genera un «reto para la equidad del sistema».

Bosch también indicó que es preciso «tener una administración más eficiente» y un supervisor que brinde una «visión conjunta del sistema». Y planteó la creación de instituciones que «monitoreen continuamente» al sistema de pensiones, que elaboren informes periódicos y que comuniquen a la ciudadanía cuáles son los retos que no se pueden posponer.

En el mismo sentido, Montt propuso conformar un «Consejo de Seguridad Social que le dé gobernanza al sistema como un todo», en el que estén representados los trabajadores, los empleadores, los pensionados y jubilados, y también los ministerios involucrados en los sistemas de pensiones.

Sobre la posibilidad de elevar la edad de jubilación, Alves estableció que, en la comparación internacional, Uruguay «tiene una edad mínima de retiro que luce baja», y añadió que debería aumentar de manera «gradual», procurando que sea la misma en todo el sistema.

Apella también opinó sobre este tema y dijo que «el aumento de la edad de retiro es deseable», pero no solo para asegurar la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones, sino porque permitiría «extender el bono demográfico» y «favorecer el crecimiento económico».

Montt, por su parte, expresó que considerar cambios paramétricos es «normal» porque los sistemas previsionales son «dinámicos» y «abiertos», y necesitan ajustes para «mantenerse estables». En ese sentido, agregó que «se pueden generar oportunidades para retrasar la edad de retiro efectiva». Y ese cambio, considera, tiene que estar acompañado de políticas laborales y de empleabilidad orientadas a las personas mayores.

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