El informe trata sobre cómo contar con una mejor protección social para más trabajadores en América Latina. De acuerdo con el reporte, la informalidad es un desafío estructural de larga data de los mercados laborales de América Latina, ya que casi la mitad de las personas de la región vive en un hogar que depende exclusivamente del empleo informal. Los trabajadores informales a menudo no están suficientemente cubiertos por las políticas de protección social, para las cuales la elegibilidad suele estar vinculada al empleo en el sector formal. La necesidad de reformar los sistemas de protección social en América Latina para hacerlos más eficaces y fiscalmente sostenibles se ha vuelto más evidente después de la pandemia de COVID-19. En este documento se sostiene que se debe y puede establecer un conjunto básico de beneficios de protección social disponibles para todos los trabajadores, ya sea que trabajen en el sector formal o informal, aunque requeriría la capacidad de recaudar ingresos fiscales adicionales. Además, los incentivos para la creación de empleo formal se fortalecerían si su principal fuente de financiamiento para esa protección social básica se trasladara a los ingresos fiscales generales, en lugar de las contribuciones a la seguridad social, que tienden a aumentar el costo de la creación de empleo formal. El informe recalca que reformar los sistemas de protección social no será fácil, pero estas reformas pueden proporcionar la base para un crecimiento más fuerte e inclusivo en América Latina.