La reforma previsional impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric avanza lentamente su tramitación en el Congreso. La batalla por sacar adelante una reforma que aumente significativamente las pensiones (tasas de reemplazo y cobertura) ha sido larga y ardua, por lo cual reconocemos la importancia de que esta vez sí pueda llegar a un buen puerto. Desde hace décadas que en el país se han hecho estudios serios con el objetivo de mejorar las pensiones. De hecho, el mismo ministro de Hacienda Mario Marcel, en el 2006, lideró una comisión de expertos con el objetivo de proponer mejoras al sistema, abordando tempranamente ajustes que aún no se han realizado –como por ejemplo aumentar la edad de jubilación de las mujeres–. No obstante, por falta de voluntad política, el país no ha sido capaz de sacar adelante una reforma que realmente subsane los problemas de fondo del sistema. Bajo esta mirada, legislar con éxito una reforma previsional es hoy un imperativo. Sin embargo, la reforma actual posee una serie de aspectos que arriesgan tener efectos adversos sobre distintos ámbitos de la economía, incluyendo las pensiones mismas.

Sabemos que los sistemas económicos y sociales son sistemas complejos (Hayek, 1964), análogos en este aspecto a los sistemas ecológicos, en donde, al afectar una determinada parte del sistema, podríamos además estar afectando sin saberlo otras partes importantes del mismo. Algo análogo podría ocurrir con la reforma de pensiones, al afectar otras áreas del sistema económico. En particular, existen tres alertas que se encienden razonablemente con la reforma previsional. Estos riesgos versan sobre (1) la gobernanza estatal de los fondos de pensiones; (2) el inversor público propuesto y sus riesgos de captura; y (3) los efectos en la informalidad laboral que arriesga la reforma.

Desde luego, las alertas aquí enunciadas no apuntan precisamente a los fines que busca esta reforma (los cuales compartimos), sino que a los medios o herramientas de política pública que fueron escogidos para alcanzarlos. Por ello, resulta fundamental que estos riesgos sean atendidos oportunamente, realizando los ajustes necesarios para avanzar hacia una mejor reforma que mejore las pensiones de los chilenos.

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La reforma previsional impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric avanza lentamente su tramitación en el Congreso. La batalla por sacar adelante una reforma que aumente significativamente las pensiones (tasas de reemplazo y cobertura) ha sido larga y ardua, por lo cual reconocemos la importancia de que esta vez sí pueda llegar a un buen puerto. Desde hace décadas que en el país se han hecho estudios serios con el objetivo de mejorar las pensiones. De hecho, el mismo ministro de Hacienda Mario Marcel, en el 2006, lideró una comisión de expertos con el objetivo de proponer mejoras al sistema, abordando tempranamente ajustes que aún no se han realizado –como por ejemplo aumentar la edad de jubilación de las mujeres–. No obstante, por falta de voluntad política, el país no ha sido capaz de sacar adelante una reforma que realmente subsane los problemas de fondo del sistema. Bajo esta mirada, legislar con éxito una reforma previsional es hoy un imperativo. Sin embargo, la reforma actual posee una serie de aspectos que arriesgan tener efectos adversos sobre distintos ámbitos de la economía, incluyendo las pensiones mismas.

Sabemos que los sistemas económicos y sociales son sistemas complejos (Hayek, 1964), análogos en este aspecto a los sistemas ecológicos, en donde, al afectar una determinada parte del sistema, podríamos además estar afectando sin saberlo otras partes importantes del mismo. Algo análogo podría ocurrir con la reforma de pensiones, al afectar otras áreas del sistema económico. En particular, existen tres alertas que se encienden razonablemente con la reforma previsional. Estos riesgos versan sobre (1) la gobernanza estatal de los fondos de pensiones; (2) el inversor público propuesto y sus riesgos de captura; y (3) los efectos en la informalidad laboral que arriesga la reforma.

Desde luego, las alertas aquí enunciadas no apuntan precisamente a los fines que busca esta reforma (los cuales compartimos), sino que a los medios o herramientas de política pública que fueron escogidos para alcanzarlos. Por ello, resulta fundamental que estos riesgos sean atendidos oportunamente, realizando los ajustes necesarios para avanzar hacia una mejor reforma que mejore las pensiones de los chilenos.

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