A las ya diversas mociones parlamentarias que se han presentado para efectos de autorizar el retiro de parte de los fondos acumulados destinados a financiar las pensiones de vejez, ahora se suma una resolución de la Cámara de Diputados cuyo objetivo es que el gobierno patrocine una reforma legal con ese objeto. Si bien se comparte la preocupación frente a la realidad que están enfrentando muchos hogares en el país en cuanto a la baja de sus ingresos producto de las medidas de mitigación adoptadas por el gobierno a raíz de la pandemia del Covid, se considera que los mecanismos sugeridos para paliar esa baja de ingresos generarán a la larga mayores perjuicios.

Desde hace ya varios años que existe consenso en el país en cuanto a que se deben elevar el ahorro y con ello los fondos disponibles para el pago de pensiones. De hecho, se encuentra actualmente en trámite legislativo un proyecto de ley que aumenta paulatinamente la cotización en seis puntos porcentuales. Así,  toda medida que vaya en la dirección contraria, es decir, que reduzca los ahorros insalvablemente se traducirá en menores pensiones futuras.

Por ello, la caída transitoria de los ingresos de los hogares debe enfrentarse con medidas transitorias que no generen perjuicios futuros. En este contexto, el recientemente aprobado Ingreso Familiar de Emergencia entrega mayores recursos a los hogares que por sus propios medios no alcanzan un ingreso promedio por hogar de 4 integrantes de $400.000. Dependiendo de la extensión del programa su costo fiscal se estima de hasta US$2.200 millones. Este es un beneficio que apoyará mayoritariamente a los hogares en los cuales sus ingresos dependen en su mayoría de empleos informales.

Una reforma constitucional propuesta en estas semanas pretende que en caso que se haya decretado un estado de excepción constitucional de catástrofe, los afiliados puedan retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente. La ley establecería el mecanismo a través del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar dichos fondos, una vez cesado el estado de excepción constitucional de catástrofe.

¿Qué implicancias tiene ello? El retiro del 10% de los fondos pudiera traducirse en el retiro de US$20 mil millones. En el supuesto de que será el Estado el que deba reponer los fondos, esto nos llevaría a que para sectores de clase media el Estado frente a esta pandemia gaste 10 veces más que en las familias más vulnerables. “Esta política claramente es regresiva, desviando el foco del Estado desde quienes más necesitan su apoyo durante esta emergencia a sectores más acomodados que en promedio acceden a otras fuentes de ingresos, como lo es, por ejemplo, el seguro de cesantía”, dice Bettina Horst, Directora de Políticas Públicas de LyD.

En el caso de la resolución aprobada ayer por la Cámara de Diputados, se plantea la necesidad de permitir el retiro del 10% de los fondos acumulados en el caso de las personas que acceden al seguro de cesantía, y en un 5% para los que no han podido acceder a él. Al menos en esta resolución se reconoce que como consecuencia de los menores ahorros acumulados tendremos una caída de las pensiones. “Pero llama la atención que el principal argumento dado para impulsar esta iniciativa es que el seguro de cesantía no ha sido suficiente”, afirma Horst y agrega, “en consecuencia, en vez de afectar las pensiones futuras, se debe impulsar una reforma a la recientemente aprobada ley de protección del empleo, tal como fue acordada entre el gobierno y la mayoría de los partidos de la oposición hace unas semanas atrás, con el objeto de elevar los recursos obtenidos desde el seguro de cesantía”.

Fuente: https://lyd.org/centro-de-prensa/noticias/2020/06/retiro-de-los-fondos-de-pensiones-en-la-pandemia-una-idea-equivocada/