Las pensiones constituyen el flujo de ingresos que espera recibir una persona cuando termina su vida laboral, por lo general, a los 65 años. Para tener derecho a recibir ese flujo de ingresos el trabajador debe aportar recursos, sea a una caja común manejada por el Estado o a una cuenta individual propiedad del trabajador.

La caja común es el sistema de pensiones de reparto. En ese esquema los trabajadores jóvenes aportan recursos para que los trabajadores en edad adulta ya retirados puedan recibir una pensión.  El objetivo general de ese sistema es el otorgamiento de pensiones con una elevada tasa de reemplazo, al mismo tiempo que se asegure la sostenibilidad financiera y se logre la justicia intergeneracional. Lamentablemente, el tiempo ha demostrado lo difícil que es alcanzar esas tres metas.

Un análisis actuarial riguroso de los sistemas de reparto, a nivel global, lleva a concluir que están quebrados. El valor presente de las obligaciones del sistema, es decir, las pensiones que deberán pagarse a lo largo del tiempo, es superior al valor presente del flujo de las recaudaciones. Ese resultado se traduce en la necesidad de que los gobiernos tengan que realizar aportes adicionales para evitar el colapso. Hay gobiernos, como el español, que el gasto público por concepto del sistema de pensiones se coloca casi en 14 % del PIB, y se prevé que en los próximos veinte años ese déficit suba dos puntos más.

Por otro lado, el sistema de capitalización individual consiste en una pensión financiada con los recursos que el mismo trabajador ahorró durante su vida laboral activa. Ese modelo es financieramente sostenible, pero el monto de las pensiones está estrictamente en función de lo que cada persona haya acumulado en su cuenta individual.

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Las pensiones constituyen el flujo de ingresos que espera recibir una persona cuando termina su vida laboral, por lo general, a los 65 años. Para tener derecho a recibir ese flujo de ingresos el trabajador debe aportar recursos, sea a una caja común manejada por el Estado o a una cuenta individual propiedad del trabajador.

La caja común es el sistema de pensiones de reparto. En ese esquema los trabajadores jóvenes aportan recursos para que los trabajadores en edad adulta ya retirados puedan recibir una pensión.  El objetivo general de ese sistema es el otorgamiento de pensiones con una elevada tasa de reemplazo, al mismo tiempo que se asegure la sostenibilidad financiera y se logre la justicia intergeneracional. Lamentablemente, el tiempo ha demostrado lo difícil que es alcanzar esas tres metas.

Un análisis actuarial riguroso de los sistemas de reparto, a nivel global, lleva a concluir que están quebrados. El valor presente de las obligaciones del sistema, es decir, las pensiones que deberán pagarse a lo largo del tiempo, es superior al valor presente del flujo de las recaudaciones. Ese resultado se traduce en la necesidad de que los gobiernos tengan que realizar aportes adicionales para evitar el colapso. Hay gobiernos, como el español, que el gasto público por concepto del sistema de pensiones se coloca casi en 14 % del PIB, y se prevé que en los próximos veinte años ese déficit suba dos puntos más.

Por otro lado, el sistema de capitalización individual consiste en una pensión financiada con los recursos que el mismo trabajador ahorró durante su vida laboral activa. Ese modelo es financieramente sostenible, pero el monto de las pensiones está estrictamente en función de lo que cada persona haya acumulado en su cuenta individual.

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