España

1. Gobierno realiza modificaciones en materia de jubilación anticipada, jubilación parcial y compatibilidad entre salario y pensión
Fuente: www.fempclm.es; www.boe.es
Fecha: 16.03.2013

El 16 de marzo de 2013 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Ley 5/2013, el cual establece una serie de modificaciones en materia de jubilación anticipada, jubilación parcial y compatibilidad entre salario y pensión, tras la discusión en el seno de la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral, remitido por el gobierno el 26 de octubre del 2012. Las principales medidas adoptadas incluyen:

Jubilación Anticipada: (i) Se incrementa gradualmente la edad mínima de acceso (la edad de jubilación anticipada voluntaria se elevará progresivamente de los 63 años actuales los a 65 años en 2027, y la de jubilación involuntaria anticipada pasará de 61 años a 63 años en el mismo período); (ii) Se introduce una mayor gradualidad en la aplicación de coeficientes reductores atendiendo a la carrera de cotización, con el objetivo de reforzar el principio de neutralidad y contributividad; (iii) Se fija un período mínimo de cotización de 35 años en el caso de la jubilación anticipada voluntaria y de 33 años en el caso de la jubilación anticipada forzosa.

Jubilación Parcial: se reconduce la modalidad hacia su objetivo original, que es facilitar la transmisión intergeneracional de conocimiento y experiencias. Se evita, así, que se utilice como una forma de acceso privilegiado a una jubilación anticipada. Para ello: (i) Se limita al 50% la reducción máxima de jornada con carácter general; (ii) Se permitirá alcanzar el 75% de reducción máxima cuando la medida venga acompañada de la formalización de un contrato de relevo con un trabajador más joven, con carácter indefinido, a tiempo completo, y una duración mínima de, al menos, dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación; (iii) Se eleva el periodo mínimo de cotización del trabajador hasta los 33 años (25 años en el caso de personas con discapacidad).

Compatibilidad entre trabajo y pensión: (i) Se abre la posibilidad de trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50% de la pensión; (ii) Se exime del pago de buena parte de las cotizaciones sociales, y se introduce, no obstante, una cotización de "solidaridad" del 8% (6% a cargo de la empresa, 2% a cargo del trabajador); (iii) Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento; (iv) Para acceder a esta modalidad se deberán haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora; (v) Se establecen para los funcionarios públicos condiciones semejantes de compatibilización de empleo y pensión.

Discriminación por edad: se modifica la compensación que deben pagar las empresas de mayor tamaño por la inclusión de trabajadores de más edad en despidos colectivos: (i) Se exige la compensación no sólo a las empresas que estuvieran en situación de beneficios, sino también a aquellas en pérdidas que en cinco años obtengan resultados positivos (el objetivo es desincentivar la inclusión de trabajadores mayores en despidos colectivos, mucho más difíciles de reinsertar en el mercado laboral); (ii) Para evitar que se utilice la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido, la obligación se exigirá en el caso en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa; (iii) Se homogeneiza la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema, teniendo en cuenta las rentas de la unidad familiar, y se refuerzan las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo.

2.  Sólo un 48% de la población española tiene un plan de pensiones privado
Fuente: www.fundspeople.com
Fecha: 10.07.2013

La sostenibilidad del sistema de pensiones público no es una misión imposible, o eso creen al menos desde Optima Financial Planners, que establecen tres prioridades para lograr ese equilibrio financiero en el 2045: (i) aumentar progresivamente la edad de jubilación hasta los 70 años en el 2047; (ii) incrementar los años cotizados hasta 42,5; y (iii) reducir la pensión inicial un 21%. Además, también recuerdan la necesidad de concienciar a ciudadanos y empresas para que piensen en la jubilación, ya que, según su segundo Estudio de Hábitos de Planificación Financiera en España, tan sólo un 48% de la población española cuenta con un plan de pensiones privado.

Según indica Antonio Suárez, director general de la firma, el único enfoque que se le han dado a los planes privados de pensiones en España es la fiscalidad, por lo que, al cliente, le da igual la rentabilidad, mientras advierte de las “sorpresas” que muchos de ellos, a posteriori, se llevan debido a las rentabilidades negativas logradas.

En este sentido, hace un mes, el Comité de Expertos del Informe del Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, que trabaja bajo el paraguas de los Acuerdos del Pacto de Toledo, publicó su informe recomendatorio sobre este factor. La cuantía base de la pensión pública pasaría a ligarse a la creciente esperanza de vida, mientras que, por su parte, su actualización o revalorización anual se desindexaría del IPC y, en su defecto, pasaría a estar condicionada por las cuentas del Estado (ingresos del sistema y superávit o déficit de la Seguridad Social).

Implícitamente, el debate que se está llevando a cabo en estos momentos dentro del marco del Pacto de Toledo es extender la capa de población española que puede acceder a las pensiones públicas, a costa de disminuir la cuantía de éstas. Colateralmente, la industria privada de productos de pensiones complementarios, tanto individuales como de empresa, saldría beneficiada, ya que muchos trabajadores se verían abocados a contratar productos de este tipo para poder mantener su nivel de vida una vez se jubilen.

3. Hacia un sistema de pensiones de aportación definida
Fuente: www.inese.es
Fecha: 24.07.2013

Manuel Álvarez, director de Particulares Vida y Pensiones en CASER y director del Observatorio de Pensiones CASER, presentó el 23 de julio de 2013 su libro “Un sistema de pensiones sostenible”, en el que plantea de una manera didáctica su punto de vista sobre el modelo ideal de sistema público de pensiones para España, abogando por un modelo de pensiones más sostenible y equitativo, basado en la aportación definida no financiera.

La apuesta que se hace en este libro es la de un modelo inspirado en el sueco, con reconocimiento de prestaciones vinculadas al valor final de las aportaciones efectuadas al sistema, flexible y abierto a la movilidad internacional de los trabajadores, que responden a las carreras llenas de lagunas de cotización que caracterizarán el futuro”, se argumenta en el propio trabajo.

Tener un sistema de pensiones que genere prestaciones dignas y equilibradas es, en opinión de Álvarez, “perfectamente posible”. Ello implica cuidar de un equilibrio entre lo que cada ciudadano aporta y lo que recibe del sistema. En la reforma de las pensiones, comenta, no hay que “obsesionarse” con los recortes, pues el “camino de los recortes periódicos de las pensiones conduce a la pobreza”. Al contrario, “hay que transformar el sistema público de pensiones aumentando las cotizaciones ahora para garantizarnos fortaleza en el ahorro a corto plazo y una demanda interna sostenida dentro de unas décadas”, se advierte en el libro. Según el director del Observatorio de Pensiones Caser, el ahorro hay que “incentivarlo o forzarlo”. Hay que poner en marcha la “rueda” del ahorro y a partir de este la de la inversión y consecuentemente la del crecimiento económico.

Fondo de Reserva: 20% del PIB en 15 años

Una pieza fundamental del modelo debe ser un Fondo de Reserva de la Seguridad Social “fuerte y en crecimiento”. En 15 años, éste debería representar el 20% del PIB, cuando hoy día no llega al 6%. Esta fortaleza del fondo, además, daría “capacidad de autofinanciación de nuestras deuda pública”, con los consecuentes beneficios para la economía. La obra defiende, en este sentido, que una reforma adecuada generaría impactos macroeconómicos “potentes” y permitiría al país mostrar fortaleza tras la crisis.

Impulsar la previsión complementaria

El modelo que se defiende en el libro permite, además, la jubilación flexible, “donde el trabajador decide y, consecuentemente, planifica su futuro personalmente”. En este sentido, y en paralelo al fortalecimiento del Fondo de Reserva, la reforma planteada también debería impulsar la previsión social complementaria, para hacerla “más competitiva y eficiente”. En particular, se debe dar más peso a las pensiones privadas en ámbito de las empresas, en base a la responsabilidad personal de cada ciudadano. Así, en el libro se considera que habría que “ofrecer obligatoriamente en todas las empresas con más de cinco trabajadores de un plan de empleo en la contribución fundamental sea voluntaria y porte del trabajador”.

4. A principios de septiembre de 2013 comenzaron conversaciones con agentes sociales respecto de la nueva reforma a las pensiones
Fuente: FIAP en base a http://prensa.empleo.gob.es; www.elmundo.es; www.lne.es; hwww.diariodenavarra.es
Fecha: Agosto de 2013

El 7 de junio de 2013 el Comité de Expertos sobre Pensiones (creado a instancias del gobierno el 12 de abril del presente) entregó a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el informe sobre el factor de sostenibilidad que ha elaborado en las reuniones que han mantenido desde su constitución.  El informe establece principalmente:

(i) Una modificación del factor por el que se revalorizan anualmente las pensiones (el IPC), de modo que las pensiones ahora sólo aumenten si los ingresos del sistema suben por encima del crecimiento del número de pensiones. La comisión recomienda que este “factor de revalorización anual” (FRA) de las pensiones comience a aplicarse a los pensionistas actuales, lo que supondría acabar con el sistema actual según el cual las prestaciones suben conforme a la evolución de los precios. No obstante, el comité recomienda que la pensión de los actuales pensionistas nunca disminuya nominalmente por la aplicación de este factor, con lo que en el peor de los casos (situaciones excepcionales, como la actual recesión) la pensión quedaría congelada.

(ii) Un mecanismo de fijación de la cuantía inicial de las prestaciones que estará ligada a la evolución de la esperanza de vida, lo que los expertos han llamado “factor de equidad intergeneracional” (FEI), el que actúa sobre el cálculo de la pensión inicial y la "modera" por el aumento de la esperanza de vida respecto al año base, con lo que afectará sólo a los pensionistas futuros. El factor de sostenibilidad se ligaría a la inflación, los ingresos del sistema y el superávit o déficit de la Seguridad Social a lo largo del ciclo económico, con lo que épocas de crisis los pensionistas tendrían pérdidas de poder adquisitivo, algo que ya ha ocurrido en la actual crisis. El comité aboga por que se aplique estos mecanismos lo antes posible, en un horizonte entre 2014 y 2019, debido a los retos a los que se enfrenta el sistema público de pensiones.  No obstante, a fines de agosto de 2013 salió a la luz que el propósito del Gobierno es que la nueva reforma se aplique desde 2019 y no a partir de 2014, como recomendó el comité.

A comienzos de septiembre de 2013 el Gobierno dio pie a las conversaciones con los agentes sociales sobre la referida reforma de las pensiones. De acuerdo a las últimas informaciones disponibles, el gobierno ha planteado a los agentes sociales:

(i) Abandonar la actualización de las pensiones conforme al IPC y sustituirlo por otro indicador (el referido FRA), que tenga en cuenta la inflación media, la evolución del número de pensiones, el crecimiento de los ingresos en términos reales, el déficit o superávit del sistema de la Seguridad Social, la tasa de sustitución de las pensiones y la velocidad de ajuste. El resultado que ofrezca este indicador tendrá un suelo y un techo, de manera que las pensiones nominales subirán siempre como mínimo un 0,25% y como máximo el IPC más 0,25 puntos porcentuales. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró que esta fórmula garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo en el medio y largo plazo, pero los sindicatos lo ponen en duda. A la hora de calcular el porcentaje de subida, la fórmula incorporará la evolución de los diversos elementos a lo largo de once años para mantener el equilibrio del sistema. El Gobierno quiere empezar a aplicarlo ya en el 2014, con lo que el indicador incorporaría cuatro años de déficit de la Seguridad Social (de 2010 a 2013) y previsiones negativas también para los años futuros inmediatos.

(ii) Un factor de sostenibilidad, que se basa en el factor de equidad intergeneracional (FEI) propuesto por el Comité de expertos, el cual calcula la pensión inicial que recibe cada nuevo jubilado en función de la esperanza de vida.  Según explicó la Ministra, la idea es que a iguales contribuciones se reciban iguales prestaciones. Es decir, que, como la esperanza de vida está previsto que aumente, los pensionistas futuros reciban al final de su vida un importe global de pensiones igual al que recibe ahora un jubilado que vive menos años. La fórmula del Gobierno tiene en cuanta la variación quinquenal de la esperanza de vida a los 67 años. La ministra de Empleo declaró que el Ejecutivo busca el "mayor consenso posible" y que está "abierto a la negociación".