Este  documento fue preparado con ocasión de la Tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe, que se celebró en San José, Costa Rica, del 8 al 11 de mayo de 2012.

De acuerdo al reporte, en general, los países en América Latina y el Caribe no se han adaptado al rápido envejecimiento de la población (que está ocurriendo a una velocidad mucho más rápida que en los países desarrollados) y no han incrementado la cobertura de una gran proporción de la población de mayor edad que se encuentra desprotegida. La población de la región que tiene 60 años o más representa el 10% de la población total, y se espera que dicho porcentaje se duplique hacia el 2040 y llegue al 36% en el 2100. Además, el ratio de dependencia actual (trabajadores potenciales por cada persona de 60 años o más), que es de 6 a 1, se espera que llegue a una razón de 3 a 1 hacia el 2040, y de 1,5 a 1 hacia el 2100. A pesar de las bajas tasas de cobertura, en el 2009, el 40% de las personas de la región de 65 años o más recibieron algún tipo de beneficio para el retiro (comparado con el 75% en los países desarrollados), y 11% de los hombres adultos mayores y 25% de las mujeres adultos mayores no tenían ninguna fuente de ingreso.

El reporte encuentra que durante la reciente crisis económica, los países con mayores tasas de cobertura para las poblaciones de la tercera edad (en promedio, 65% en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay) han tenido un mejor desempeño económico que los países con tasas de cobertura mucho más bajas (cerca del 14% en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Bolivia). Estos últimos países presentan débiles instituciones de seguridad social, lo que les imposibilita poder responder lo suficientemente rápido para ayudar a la población de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. El reporte enfatiza que si dichos países no mejoran sus sistemas de seguridad social oportunamente, ellos probablemente no podrán reducir la desigualdad ya que el acceso al sistema está relacionado con el empleo formal. A través de la región, un gran porcentaje de trabajadores no están cubiertos debido a que se encuentran en el sector informal de la economía.

El reporte concluye que las pensiones financiadas a través de ingresos fiscales generales son efectivas para reducir la pobreza en los grupos indigentes, que generalmente están excluidos de la seguridad social. Según el informe, el principio básico para cualquier programa de pensiones para dicho grupo debería ser tal que todos los adultos mayores en condición de vulnerabilidad tengan derecho a un nivel mínimo básico de ingreso. Un gobierno podría establecer un pilar previsional básico que otorgue un beneficio mínimo, o consolidar los programas de pensiones no contributivos existentes.

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