Chile y Perú estudian reformas en sus sistemas de capitalizaciòn individual

Tanto en Chile como en Perú, en los últimos meses, se ha dado a conocer el establecimiento de comisiones de carácter técnico responsables de estudiar posibles reformas en los sistemas de capitalización individual.

Por un lado, en el caso de Chile, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Sra. Evelyn Matthei, se encuentra analizando la conformación de una comisión de expertos que revisará los  factores laborales y demográficos que están afectando la capacidad de los trabajadores para acumular el suficiente capital para financiar pensiones cercanas al 70% de su remuneración (un parámetro de uso común a nivel internacional para la tasa de reemplazo), previo a la jubilación (ese fue el porcentaje que se calculó al momento de crearse el actual sistema de capitalización individual, en 1981).

La reacción de la ministra ha sido la forma de encarar un hecho que es real: el tema de la baja densidad de cotizaciones, especialmente delicado en las mujeres, sin con ello comprometerse a impulsar durante este período cambios importantes. Por ello la Ministra asegura que aún no tiene plazos definidos ni la forma en que se conformará la comisión. Las fuentes indican que dicha comisión podría incluir a varios expertos, que analizarán estas materias cuidadosa y seriamente, para luego proponer cambios en los parámetros del sistema de capitalización individual, tales como la tasa de cotización y la edad de jubilación, los que no necesariamente serán aprobados durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Por otro lado, en el caso de Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso la conformación de un grupo de trabajo técnico, para evaluar, formular y diseñar una propuesta técnico-normativa, a fin de ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones (SPP). El titular del MEF, Luis Miguel Castilla, indicó que en este grupo, que en cuatro meses deberá plantear propuestas, se tendrán en cuenta tres elementos: (i) el aumento de la cobertura; (ii) propiciar una mayor competencia y una reducción de los costos; y (iii) ampliar las opciones de financiamiento de las AFP vía mayores instrumentos en el mercado de capitales.