1. Se aprobó nueva Ley de Participación Público Privada en Uruguay

Fuente: República AFAP
Fecha: Julio de 2011

El 12 de julio  de 2011 se aprobó la ley de Participación Público Privada (PPP) que crea un marco regulatorio para las asociaciones entre el sector privado y el sector público. Ella fue remitida al Poder ejecutivo para su promulgación y publicación. Esta ley permite llevar a cabo contratos de infraestructura con la participación público privada, bajo límites establecidos constitucionalmente.

En Uruguay la colaboración entre el sector público y privado no es algo nuevo. Existen normas de concesión de obra pública y contratación administrativa que han sido base para la ejecución de varias obras en el país. Con esta Ley se pretende regular la inversión integral de los privados tanto en el diseño, construcción y operación de la infraestructura. Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la delimitación del ámbito de aplicación: obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, obras de infraestructura energética, obras de disposición y tratamiento de residuos, obras de infraestructura social. Del mismo modo, aspectos como el proceso de selección del privado, un proceso competitivo donde la iniciativa podrá nacer del ámbito público o privado; y el procedimiento para la adjudicación: licitación pública, subasta, diálogo competitivo y otros, son elementos fundamentales de esta nueva ley. Por otra parte, la Ley define las garantías que se le exigirán al privado en cada etapa y los mecanismos de garantía para los acreedores; como ser: la cesión de flujos del contrato y la posibilidad de realizar una prenda del mismo, con lo cual los agentes financiadores del proyecto tienen una mayor cobertura de riesgos.

La importancia de esta ley para los Fondos de Pensión radica en que la existencia de reglas claras incentiva la inversión del sector privado en proyectos de infraestructura  que son de largo plazo y que por lo general recurren al mercado de capitales para su financiamiento. Es aquí donde juegan un papel importante las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), ya que es esperable que por esta vía se amplíen las emisiones, y por lo tanto haya un mayor número de instrumentos disponibles para invertir los ahorros de los trabajadores.

2. Uruguay suscribe acuerdo de aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

Fuente: República AFAP
Fecha: Julio de 2011

El 26 de julio de 2011, Uruguay depositó el instrumento de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en la Secretaría General Iberoamericana y suscribió su acuerdo de aplicación, siendo así el 5°  país en el cual entrará en vigor, aplicándose  a partir del próximo 1  de octubre de 2011. 

A partir del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social los ciudadanos de países iberoamericanos podrán acceder a una jubilación, sumando sus años reconocidos de trabajo en distintos países, independientemente del lugar de residencia.

Este Convenio recoge principios tradicionalmente sustentados por Uruguay, como: igualdad de trato, territorialidad, respeto a los derechos adquiridos y en curso de adquisición; así como la totalización de los períodos trabajados en los distintos territorios con pago proporcional de prestaciones por cada Estado, esto permite configurar causal jubilatoria mediante la suma de los períodos de cotización realizados en más de un Estado Parte.

Los beneficios reconocidos en el Convenio serán de aplicación obligatoria para los Estados Contratantes. En el caso de que existieran normas más favorables en otros instrumentos multilaterales o bilaterales, se aplicarán estas últimas, empleando la condición más favorable para el beneficiario.

De acuerdo al siguiente Cuadro, a la fecha el Convenio fue firmado por 14 países y 11 de ellos lo han ratificado legislativamente. De esos 11 países, Uruguay es el 5° en suscribir el Acuerdo de Aplicación de este Convenio y depositarlo en la Secretaría General  Iberoamericana, por lo cual también será el 5° país en el cual entrará en vigor, aplicándose efectivamente a partir del 1  de octubre de 2011.