1. El gobierno nacionaliza las pensiones y baja la edad de jubilación

Fuente: www.issa.int
Fecha: Marzo de 2011

A contracorriente de las tendencias mundiales al aumento de la edad de jubilación y al recorte de las prestaciones, el senado de Bolivia aprobó el 10 de diciembre de 2010 una ley para la nacionalización de las pensiones privadas, de aumento de las prestaciones de pensión y de reducción de la edad mínima de jubilación (ver acá). El sistema de pensiones anterior combinaba elementos contributivos, semicontributivos y no contributivos en fondos de pensiones privados administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) creadas en 1996, al privatizarse el sistema de pensiones de Bolivia. La actual reforma sigue el tren de las numerosas reformas adoptadas desde 2006 y comprende un régimen semicontributivo que incluye prestaciones de vejez, invalidez, deceso y sobrevivientes, accidentes laborales y subsidios para gastos funerarios, así como un sistema no contributivo que incluye prestaciones de vejez y subsidios para gastos funerarios. El gobierno estima que el nuevo sistema será financieramente sostenible durante los próximos 35 años.

La nueva ley elimina las dos AFP que administraban los fondos de pensión, pese a que los fondos ya estaban bajo control del Estado desde el anuncio, en 2009, de los planes de reforma. Los dos fondos, controlados por las filiales del Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA de España y Zurich Financial Services AG de Suiza, combinan activos por un monto estimado de USD 4,5 millones (las estimaciones difieren según la fuente). A su vez, la ley establece un nuevo organismo estatal, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (GSS), dentro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a cargo de la administración de los fondos. Estos incluyen el Fondo de Capitalización Individual, compuesto por cuentas individuales, una renta variable, un fondo de accidentes laborales, un fondo de riesgos profesionales y los fondos que ya eran administrados por las AFP. La GSS también se encargará del pago de la pensión de vejez universal no contributiva, la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), financiada mediante un impuesto directo sobre los hidrocarburos y previamente administrada por la compañía privada de seguros de vida Vitalicia. No se han modificado las prestaciones ni los requisitos de la Renta Dignidad.

De acuerdo con las nuevas normas, la edad mínima de jubilación disminuirá de 60 años (65 antes de la reforma de 2009) a 58 años para hombres y mujeres, aunque las mujeres pueden reducir la edad de jubilación un año por cada hijo hasta un máximo de tres hijos. Los mineros pueden jubilarse a los 56 años de edad o a los 51 años si trabajaron en condiciones insalubres.

La nueva ley también creará un fondo (el Fondo Solidario) para garantizar una pensión mínima a los trabajadores de bajos ingresos o independientes que no cumplan con los requisitos para la pensión contributiva completa. Estas pensiones ascenderán al 70% del salario mínimo nacional (en 2010, BOB 476 o USD 66) y exigirán al menos 10 años de cotizaciones, con un aumento de 6% por cada año de cotizaciones adicional. Otros cambios de importancia son:

- La reintroducción de la cotización del empleador del 3% del salario del empleado (el sistema anterior se financiaba únicamente con las cotizaciones de los empleados). Las cotizaciones de los empleados se mantienen en el 10% y las cotizaciones de los trabajadores independientes son voluntarias.

- La creación de subsidios para gastos funerarios de BOB 1.800 (USD 251) y la entrega de pensiones de sobrevivientes independientemente de si el viudo o la viuda contraen nuevamente matrimonio.

- La modificación del cálculo de las prestaciones de pensión, que se hará sólo sobre la base de las últimas 24 cotizaciones (los últimos 2 años).

- La ratificación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que garantiza la portabilidad de los derechos a la pensión en los países signatarios de América latina (artículo 100 de la Ley No. 1029).

Por último, la ley establece una serie de medidas de buena gobernanza y anticorrupción, incluida la creación de una instancia de auditoría y de límites para el mandato de los auditores, ciertas restricciones de inversión, la comunicación de los requisitos a los miembros del gobierno y a los pensionistas y una pena de entre 5 y 10 años de encarcelamiento por desfalco o malversación de fondos.