Fuente: www.oiss.org
Fecha: 5 de abril de 2011

Con ocasión de la próxima entrada en vigor del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) convocaron a los embajadores de: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay y Portugal; países que han ratificado y depositado en la SEGIB, a través de la OISS, el respectivo instrumento de ratificación del Convenio; para comentar e informar sobre el proceso a seguir para la efectiva aplicación del mismo.

La reunión que tuvo lugar el día 5 de abril en la sede de la SEGIB, se centró en el proceso y tramite a seguir para la implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 31 del mismo, para su Entrada en Vigor, que establece en el numeral uno: “El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que se haya depositado el séptimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. No obstante, éste producirá efectos entre dichos Estados una vez que el Acuerdo de Aplicación sea suscrito por los mismos.”

En este contexto, el Convenio entrará en vigor el 1 de mayo de 2011, el cual tendrá efectos entre los Estados que lo han suscrito y, en la medida en que estos vayan signando los respectivos Acuerdos de Aplicación. En un futuro para cada Estado que ratifique o se adhiera al presente Convenio, teniendo en cuenta que ya son ocho países que han depositado el instrumento de ratificación, entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que ese Estado haya depositado el instrumento pertinente, no obstante, éste producirá efectos una vez que el Acuerdo de Aplicación sea suscrito por el mismo.

En esta dirección, España suscribió el 13 de octubre de 2010 el Acuerdo de Aplicación del Convenio, que publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de enero de 2011; así pues, a la fecha ya se dispone de los instrumentos jurídicos necesarios para la puesta en marcha de este mecanismo que permitirá y garantizará la protección de la población migrante en Iberoamérica.