Fuente: www.mer.cl

Fecha: 10 de noviembre de 2010

La crisis económica internacional de 2008 impactó profundamente el valor de los activos financieros, y consiguientemente, la valorización de los fondos de pensiones. Esta situación trajo un nuevo aliento a los críticos del sistema para promover una vuelta a los mecanismos de reparto, el que se fue desvaneciendo al ritmo en que se recuperaban los mercados y los fondos de pensiones volvían a los valores que habían tenido antes de la crisis.

La prensa internacional nos ha mostrado de una manera elocuente la violenta reacción sindical a los cambios que pretenden introducir a los sistemas de reparto algunos gobiernos europeos, todo lo cual deja en evidencia que la crisis internacional afectó también, y de una manera aún más brutal, a esos sistemas, que también se llaman de "beneficio definido" (BD).

La solvencia económica de los sistemas de reparto se ha visto agravada por los cambios demográficos ocurridos en el mundo en las últimas décadas. Estos sistemas discurren sobre la base de que los trabajadores activos, en la base de la pirámide demográfica, financian las pensiones de los trabajadores retirados en la cúspide de dicha pirámide. Cuando estos sistemas fueron creados, sólo un escaso porcentaje de trabajadores alcanzaba la edad para pensionarse.

Sin embargo, la tendencia de los últimos años se ha traducido en una disminución de la tasa de fertilidad (de 5,1 hijos por mujer fértil, en la década de los 50, a 2,4 proyectados para 2020) y en un aumento en las expectativas de vida (de 46,5 años al nacer en la década de los 50, a 72,1 en la década del 2020). Estos cambios se traducen en una inversión de la pirámide demográfica, que hace inviable mantener un sistema en que un número cada vez menor de trabajadores activos debe financiar las pensiones de un grupo cada vez más grande, como los pensionados.

Frente a esta situación, los países con sistemas de reparto o de beneficio definido (BD) tienen 2 posibilidades: o establecen un sistema de capitalización, o efectúan cambios paramétricos que alivien el efecto fiscal de esos programas.

La primera alternativa resulta extraordinariamente costosa, si se tienen en consideración los altos niveles de "deuda implícita" no documentada que un cambio hacia los sistemas de capitalización obligaría a explicitar. En efecto, la deuda implícita -esto es no reconocida- alcanza varias veces el valor del producto en muchos países con sistema de reparto (Portugal 5 veces; Italia 3,6 veces; Irlanda 4 veces; Grecia 9 veces; España 2,5 veces). Para adoptar la decisión de ir a un sistema de capitalización, estos países estarían obligados a documentar la deuda que tienen con sus pensionados, como lo hizo Chile al emitir los bonos de reconocimiento. Los costos de esta alternativa impactan el presupuesto fiscal en el corto y mediano plazo, pero alivian significativamente el déficit público en el largo plazo, ya que el sistema deja de acumular deudas que es incapaz de pagar.

Frente a la dificultad de hacer este cambio, la alternativa que queda es ajustar los parámetros más relevantes del programa de "beneficio definido" a fin de contener el gasto en pensiones. Así, 57 países aumentaron la tasa de cotización; 18 aumentaron la edad de retiro, y 28 han disminuido el monto del beneficio, produciendo el descontento del que todo el mundo ha sido testigo en los últimos días.

Los sistemas de capitalización, en cambio, cuentan con una estructura flexible que les ha permitido ajustarse a los cambios económicos y demográficos a través de decisiones personales que se traducen en fijar la edad de pensión, monto de la contribución o el mecanismo de jubilación. Sólo estarán excluidos de ello los afiliados que por las características del mercado de trabajo tienen muy baja densidad de cotizaciones, para los cuales existe el pilar básico solidario.

De la capacidad de ambos sistemas para hacer frente a la crisis económica y a las nuevas tendencias demográficas, se desprende -y esto deben tenerlo presente todos los nostálgicos- que los beneficios del antiguo sistema ya no tienen nada de definidos.

Incluso, los convenios de la OIT que consagran los programas de reparto han sido declarados "obsoletos" por la propia organización, lo que significa que ningún país puede ratificarlos.

El desafío de los sistemas de capitalización es promover una cultura previsional, que se traduzca en una mejor disciplina de ahorro y, consiguientemente, en una densidad mayor de cotizaciones. Esto requiere confianza, y la confianza necesita que la discusión previsional abandone las trincheras para centrarse en los aspectos técnicos de funcionamiento del sistema, que en Chile cumple 30 años y que cada día más países lo adoptan.

La disminución de los beneficios que definía el antiguo sistema nos pone frente a la necesidad de fortalecer el esquema de capitalización, para lo cual podemos recordar las conclusiones de la Comisión Marcel: el sistema no está en crisis; ha funcionado bien; ha otorgado un adecuado nivel de rentabilidad; ha colaborado fuertemente al desarrollo económico del país, y será capaz de pagar pensiones similares al sueldo de los trabajadores que han cotizado regularmente.

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