1.  Proyecto de ley para el sistema previsional público de Rumania

Fuente: www.socialsecurity.gov
Fecha: Marzo 2010

El día 10 de febrero de 2010, el gabinete aprobó un proyecto de ley para emparejar la edad de jubilación y los requerimientos de contribución para hombres y mujeres, cambiar el cálculo de  las llamadas “pensiones especiales” para ciertos trabajadores del sector publico, reducir los incentivos para la jubilación anticipada y mejorar el proceso de evaluación de la invalidez en el sistema previsional público rumano.  Si fuera aprobada por el parlamento, se espera que la ley entre en vigencia el 1º de enero de 2011.  Según el gobierno, la ley pretende reducir el creciente déficit presupuestario que alcanzó los 36,4 billones de lei (aprox. US$ 12 billones), o 7,2% del PIB a fines de 2009.

Según el proyecto de ley, la edad de jubilación para las mujeres aumentaría gradualmente hasta los 65 años de edad en el 2030. Esto extiende las disposiciones de  la ley actual que aumenta gradualmente la edad de jubilación a 65 años de edad para los hombres y 60 para las mujeres en  el 2014.  Actualmente los hombres pueden jubilar a los 63 años y nueve meses y las mujeres a los 58 años y nueve meses.  Además, el proyecto de ley igualaría el período de contribución requerido para una pensión en 35 años para hombres y mujeres hasta el 2030.  En este momento los hombres pueden jubilar con una pensión plena después de 32 años y 6 meses de contribuciones, aumentando a 35 años hacia el 2014; las mujeres pueden jubilar con una pensión plena después de 27 años y 6 meses de contribuciones, aumentando a 30 años hacia el 2014.  (La contribución mínima para una pensión de vejez reducida seguirá aumentando paulatinamente de los 12 años y 6 meses actuales a 15 años en el 2014, según la legislación existente).

Otras disposiciones del proyecto de ley incluyen:

• Cambiar el cálculo de las “pensiones especiales” pagadas a ciertos trabajadores del sector público, incluyendo miembros del parlamento, jueces y policías.  El nuevo cálculo vincularía los beneficios a las contribuciones del ciclo de vida del trabajador, en vez de la formula actual de beneficios, que sería igual a un porcentaje de ingresos en un mes (o seis meses para ciertos trabajos) inmediatamente antes de la jubilación.  Aproximadamente 180.000 de los 5,8 millones de pensiones del sector público son pensiones especiales.

• Reducir los incentivos para la jubilación anticipada.  Los trabajadores que jubilan antes de la edad de jubilación legal estarían sujetos a una reducción de 45% en sus pensiones en vez del 30% actual.  Según las estadísticas del gobierno, el número de trabajadores que optan por la jubilación anticipada se ha triplicado desde 2001. 

• Mejorar el proceso de evaluación de la invalidez para disminuir las posibilidades de abuso.  Entre 2001 y fines de 2009, el numero total de pensiones de invalidez aumentó de 600.000 a 900.000.  Según el Ministerio de Trabajo, Familia y Protección Social, casi la cuarta parte de esas pensiones fueron obtenidas de manera fraudulenta.

2. EL FMI quiere comisiones más altas en el segundo pilar Rumano

Fuente: www.ipe.com
Fecha: 03 de Marzo de 2010

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha confeccionado una lista de reformas que quiere ver en el segundo pilar obligatorio Rumano, incluyendo comisiones más altas, pero algunos de los requerimientos son innecesarios, según expertos de la Asociación de Fondos de Pensiones, APAPR.

“Las comisiones actuales están bastante por debajo de otros países miembros de la UE con sistemas de contribución definida (CD).  Solamente las empresas administradoras de fondos de pensiones a gran escala tendrán utilidades”, argumentó el FMI.

Actualmente, los afiliados de los fondos de pensiones pagan una comisión automática de 2,5%, una comisión de gestión de activos de 0,6% por año y una comisión anual de auditoria.

Todos los demás costos, especialmente aquellos relacionados con los fondos de inversión, deben ser cubiertos por la empresa gestora.

“En realidad es una situación que no se encuentra en ninguna otra parte, y se refiere básicamente a costos de transacciones (especialmente en valores)”, explicó Mihai Bobocea, secretario general de la APAPR.

“Cuando un Gerente de Inversiones decide aumentar  la exposición en renta variable, compra acciones para el fondo pero paga la comisión de operación con el dinero de la empresa administradora de fondos de pensiones – es una anormalidad que crea muchos problemas y es por eso que el FMI quiere que se elimine”, agregó Bobocea.

Esta peculiaridad reglamentaria fue introducida en la revisión de la ley previsional de 2004 hecha en 2006 y establece que “todos los costos directamente relacionados con la gestión del fondo son de cargo a la empresa administradora de fondos de pensiones y no de los fondos de pensiones”.

“Pensaron que esto reduciría los costos operacionales para los fondos de pensiones y aumentaría los beneficios para los participantes”, observó Bobocea.

Sin embargo, hay otras exigencias del FMI que no son tan comprensibles para el secretario general de APAPR.

El FMI ha advertido: “La estructura de gobiero corporativo de las empresas administradoras de fondos de pensiones  debería asegurar que sus directores actúen en los mejores intereses de los contribuyentes cuando hacen transacciones con otras entidades relacionadas”, en parte porque las 14 empresas de pensiones son, en general, propiedad de grupos bancarios o de seguros.

Pero Bobocea observó que según la ley, a las empresas administradoras de fondos de pensiones se les prohíbe invertir los activos de los fondos de pensiones en los productos de sus dueños.

“Según las dos leyes que rigen las pensiones privadas en Rumania (411/2004 y204/2006) y las normas posteriores de la CSSPP (la autoridad supervisora del segundo pilar), tanto la inversión en bienes propios como las transacciones con empresas asociadas están estrictamente prohibidas.  Por lo tanto, la situación a que se refiere el informe no puede suceder, debido a que las empresas administradoras de fondos de pensiones nunca   hacen transacciones con entidades relacionadas”, resaltó en secretario general de APAPR.

Otra exigencia hecha por el FMI es que “los fondos de pensiones debieran utilizar precios de activos idénticos, en base a datos y metodologías acordados,”.

Sin embargo, Bobocea hizo notar que la evaluación del FMI fue hecha en 2008, pero posteriormente “se adoptaron normas de valuación revisadas y el tema se resolvió”.

Anterior a esa fecha, algunos fondos estaban evaluando su ingreso fijo en base a ajuste al mercado y algunos en base a interés devengado”, dijo.