Debuta la comisión bicameral que controla los fondos de la ANSES

Fuente: http://abogados.infobaeprofesional.com
Fecha: 12 de mayo de 2009

Los integrantes de la Comisión Bicameral de Control de los fondos que maneja la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se reunirán por primera vez el próximo miércoles 13 de mayo, y pedirán la "inmediata citación" del titular del organismo, Amado Boudou.

Así lo adelantó la diputada por la Coalición Cívica (CC), María Fernanda Reyes, quien señaló que "con la conformación de la Comisión Bicameral, iniciaremos las auditorías correspondientes, y pediremos la inmediata citación de Amado Boudou, para que concurra a dar explicaciones sobre el manejo discrecional de los fondos del organismo", según informó la agencia DyN.

Mediante un comunicado, Reyes indicó que "la comisión debió conformarse hace cinco meses, aproximadamente, de acuerdo con lo establecido por la ley que estableció el traspaso de los fondos de las AFJP a la ANSES".

"Desde entonces, el Poder Ejecutivo utilizó y manejó alrededor de ARS 103.000 millones (aprox. US$ 27.693 millones) sin ninguno de los controles establecidos" cuestionó la legisladora que integra la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

La Comisión Bicameral que auditará el manejo de los recursos de la ANSES, fue establecida por la Ley 26.425, que creó en noviembre pasado el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y que dispuso la trasferencia a esa órbita de los fondos de las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Ordenan a la ANSES que devuelva todos los aportes a un ex afiliado a las AFJP

Fuente: www.infobaeprofesional.com
Fecha: 4 de junio de 2009

Un fallo del juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 3 se pronunció a favor de un reclamo por los fondos voluntarios y obligatorios de un futuro jubilado. Lo novedoso de esta causa es que equipara los montos previsionales a la propiedad privada.

En un nuevo capítulo de la batalla legal que emprendieron algunos aportantes al extinto régimen de capitalización, una sentencia judicial de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de reforma previsional que dispone que los aportes voluntarios y obligatorios efectuados por quienes estaban afiliados al sistema de capitalización "podrán ser transferidos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)" para mejorar la prestación jubilatoria futura del trabajador.

En la causa promovida por Daniel Sobrecasa, el juez Martín Maiztegui, del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 3, ordenó la devolución de los fondos provenientes de su cuenta individual de capitalización más los intereses desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley. (Ver fallo completo acá).

Para Carlos Arrousez, abogado del afiliado, estamos frente a un fallo judicial de extrema trascendencia jurídica y social ya que millones de afiliados a las AFJP vieron con gran asombro que el Estado se apropiaba de los fondos de sus cuentas individuales de capitalización, tras la estatización de las administradoras a fines del 2008.

“Son cuentas que el mismo Estado en otros años les garantizaba con una ley dictada en forma constitucional -la 24.241, asegurando la titularidad y la inembargabilidad de sus recursos- y luego de largos años de trabajo y aportes, el mismo Estado decide con una nueva norma apropiarse de lo privado”, explicó el letrado titular del Estudio Arrousez.

En esta línea, el abogado sostuvo que el juez Maiztegui supo interpretar la violencia inconstitucional que contiene la ley de reforma previsional, 26.425, y la forma en que ésta atropella declaraciones, derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.

”Esta norma da por tierra con la más elemental seguridad jurídica, y nos expone a situaciones aún peores de no ponerse un freno judicial. En esta causa hemos intentado señalar de la manera más clara posible, como una ley no puede barrer con los derechos preexistentes, ya que en ese barrido se arrastró el patrimonio privado de muchos trabajadores, que no hicieron otra cosa que cumplir la anterior normativa”, enfatizó.

Y, Arrousez sintetizó que espera la confirmación de la Cámara cuando trate las apelaciones que ya se iniciaron porque según indicó, muchos afiliados a las AFJP han estado estos meses viviendo una gran angustia, sintiéndose burlados y avasallados; y privándolos de sus legítimos y propios aportes; que luego de esta sentencia cuentan con una esperanza.

Fondos de pensiones argentinos prestan US$ 18,8 millones a General Motors

Fuente: Global Pensions
Fecha: 5 de junio de 2009

El gobierno argentino está utilizando los activos previsionales nacionalizados para efectuar un préstamo a General Motors (GM) Argentina por ARS $ 70 millones (aprox. US$ 18,8 millones) con el objeto de crear un nuevo tipo de automóvil desarrollado sólo con productos argentinos, dijo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El préstamo de gobierno provendrá de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la entidad que administra los fondos públicos de pensiones, y financiará el 58% del así llamado proyecto “Viva”. Kirchner dijo que esto no sólo tiene un sentido financiero, sino que también permitirá proteger 2.500 puestos de trabajo.

Ella señaló que GM repagará el préstamo  en 120 cuotas a una tasa de interés de 600 puntos básicos sobre la tasa Badlar (la tasa promedio para los depósitos a 35 días).

GM Argentina no es parte de la quiebra presentada recientemente por GM en EE.UU.

Kirchner dijo que teniendo un 58% de participación en el proyecto “Viva”, Argentina está “cumpliendo con el papel del país, precisamente, para fomentar, mantener y generar el crecimiento económico”.

En el uso de sus recursos, la Anses posterga a los jubilados

Fuente: www.lanacion.com.ar
Fecha: 14 de junio de 2009

Con la reforma previsional y la estatización de los ahorros que estaban en el eliminado régimen de capitalización, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se convirtió en una fuente casi ineludible de financiamiento, tanto para el sector público como para la actividad privada. Pero mientras el Gobierno va orientando recursos desde el fondo de garantía del régimen de reparto hacia inversiones varias (como financiar al propio Estado o prestar dinero para incentivar el consumo de bienes -desde autos e inmuebles hasta calefones y bicicletas-), varias voces se alzan para reclamar por la falta de planificación a largo plazo y por la ausencia de asignaciones a los propios jubilados y pensionados, con muchos de los cuales se está acumulando una deuda de magnitud aún no conocida.

El fondo en manos de la Anses -valuado en unos ARS 103.000 millones (aprox. US$ 27.693 millones) - tiene como fin último constituir una reserva que permita seguir pagando los haberes en un eventual momento de crisis para el financiamiento. Si bien eso es así, hay por lo menos otros dos hechos también ciertos y a la vez preocupantes. Por un lado, no existe un cálculo a futuro que permita saber cuál es el monto ideal a resguardar para actuar consecuentemente. Y, por otra parte, el Estado acumula una deuda con los jubilados que día tras día recurren a la Justicia para reclamar que se cumplan sus derechos. Principalmente, se trata de quienes a partir de 2002 recibieron ajustes insuficientes para preservar el valor de sus haberes, según lo que ya dictaminó la Justicia.

Es una deuda que hoy sólo les es reconocida a quienes van a juicio, ya que administrativamente se niega la actualización de los ingresos. La presentación de demandas se multiplicó desde que, a fines de 2007, la Corte Suprema dispuso que los ingresos deberían haber subido, entre 2002 y 2006, siguiendo la evolución de los salarios activos. Según un cálculo realizado por el economista Mario Brodersohn, de la consultora Econométrica, 1,74 millones de jubilados recibieron alzas inferiores al 88,6% que, según el criterio de los jueces, debió haberse dado hasta 2006.

"Esta es una deuda que el Gobierno está tratando de patear para adelante", sostuvo Mario Brodersohn, en un informe reciente. Agregó que, en el primer cuatrimestre del año, la Anses tuvo un superávit primario de ARS 4.700 millones (aprox. US$ 1.264 millones), "casi la totalidad del superávit primario del Gobierno", al mismo tiempo que el 75% de los jubilados recibe el haber mínimo, porque en los últimos años se acható la pirámide de ingresos. "El Gobierno podría usar los excedentes financieros para comenzar a resolver las asignaturas pendientes en el sistema jubilatorio", aconsejó.

Desde la Justicia, también hay quienes sostienen que el Gobierno debería disponer una corrección de los haberes jubilatorios, siguiendo lo que ya dijo la Corte, en lugar de que cada perjudicado deba ir a un litigio, que suele demorar entre cinco o seis años. Es la opinión, por caso, del juez Luis René Herrero, vicepresidente de la Cámara de la Seguridad Social, un fuero que lleva meses colapsado.

"La Anses paga jubilaciones menores a las que debería y presta plata a casas de electrodomésticos, bancos o al Estado a una tasa mayor a la que les paga a los jubilados cuando abona las sentencias dictadas por los jueces", analizó Nicolás Leoni de la firma BlueCorp, especializada en cálculos previsionales.

Por su parte, la diputada Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica, afirmó que con otros legisladores de la oposición que integran la Comisión Bicameral de control de los fondos, elevará un pedido a la Anses para que se realicen cálculos que permitan establecer cuántos recursos va a necesitar en el mediano y largo plazo el sistema previsional y qué rentabilidad debería tener el fondo.

"Necesitamos más información, no estamos satisfechos", dijeron por su parte asesores del senador radical Gerardo Morales, que reclamó a la Anses datos sobre el pago de las sentencias a favor de los jubilados.

Reyes sostuvo que, en ausencia de una planificación, "queda claro que los únicos excluidos" de los planes "son los jubilados actuales".

En la reunión en la que, el 20 de mayo, el director de la Anses, Amado Boudou presentó datos del fondo al 30 de abril (único informe público disponible), el diputado oficialista Edgardo De Petri reclamó que se dispusiera, por lo menos, dirigir a los jubilados la rentabilidad de las inversiones.

Hasta ahora no se conoce qué resultados financieros se van obteniendo. Por informes de la Anses, sólo se sabe que al 30 de abril de 2009 el saldo era de ARS 101.989 millones (aprox. US$ 27.421 millones), un 1,33% inferior al del 30 de enero.

En buena medida, la composición de la cartera refleja todavía la forma en que habían invertido, bajo supervisión estatal, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). Boudou había advertido que no habría cambios significativos en el corto plazo, dado que con el fuerte peso que ganó el organismo como inversor, eso provocaría un impacto en el mercado. El funcionario también insistió en la premisa de privilegiar planes de sostén del empleo antes que en obtener rentabilidad, algo considerado inapropiado por legisladores de la oposición.

Según el informe oficial, los recursos están en los siguientes destinos:

• Deuda estatal: las AFJP tenían el 54,5% de la cartera invertido en este ítem, que ahora representa el 60,8% del fondo. Se trata de ARS 62.014 millones (aprox. US$ 16.674 millones) entre créditos al Estado nacional, y -aunque en proporción mucho menor- a provincias y municipios. Entre las operaciones con la Nación, en marzo se dispuso una conversión progresiva de las Letras del Tesoro -de corto plazo- a títulos con vencimiento en 2016.

• Plazos fijos: con ARS 10.295 millones (aprox. US$ 2.768 millones), representan el 10,1% de la cartera. De ese monto, ARS 1.562 millones (aprox. US$ 420 millones) son depósitos colocados en los bancos para fines específicos, como créditos para consumo o para la producción.

• Proyectos productivos o de infraestructura: representan el 3,12% del fondo. Aquí se cuentan ARS 141 millones (aprox. US$ 38 millones) que, al 30 de abril, habían sido asignados para incentivar a la industria automotriz. Hasta el 15 de mayo de 2009, se había acordado el financiamiento para 5.222 vehículos. El plan, anunciado a principios de diciembre y retocado sucesivas veces, fue presentado con la pretensión de llegar a las 100.000 unidades en el plazo de un año.

Además de los fondos en disponibilidad (el 6,2%) y en acciones de sociedades anónimas y financiamiento al sector privado (de lo que se informa por separado), hay recursos en fondos comunes de inversión y fideicomisos. Y se estima que aún hay colocaciones en el exterior: las AFJP podían hacer esas inversiones hasta el 10% de la cartera.

Nota: Para convertir las cifras a dólares en todas estas noticias se ha utilizado el valor del tipo de cambio al 30 de abril de 2009 (1US$ = ARS 3,71931). Fuente: www.oanda.com