La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), en su Asamblea Anual de mayo de 2003, se abocó a la evaluación de los Sistemas de Pensiones en los países que han adoptado mecanismos de capitalización individual con administración privada, y al análisis de sus proyecciones, a fin de asegurar su consolidación al servicio de los genuinos intereses de los trabajadores.
 
Con este propósito, organizó un Seminario en el que representantes de organismos internacionales junto a destacados especialistas se refirieron a los resultados de la reforma, a su impacto en el crecimiento económico y en el desarrollo de los mercados de capitales.
 
Del análisis y de los trabajos presentados se puede concluir, con toda certeza, que la reforma previsional ha contribuido decididamente al mejoramiento de las pensiones futuras y al crecimiento económico de los países que la han adoptado.
 
Sin embargo, para que se produzcan estos positivos efectos es indispensable un reconocimiento incondicional del derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus fondos, junto a una política de diversificación de las inversiones, para garantizar la rentabilidad y seguridad de las mismas.
 
Por ello, esta Federación no puede dejar de reiterar su preocupación, ya expresada en la Asamblea anterior, sobre la evolución del caso argentino, dónde por razones de déficit fiscal se afectaron seriamente la propiedad de los fondos, y por las medidas adoptadas más recientemente por el gobierno boliviano que obligaron a los fondos a invertir en activos estatales privatizados cuyo valor se desconoce.
 
Expresa asimismo, su preocupación por las regulaciones que obligan a invertir estos recursos en determinados instrumentos, generalmente estatales, impidiendo una adecuada diversificación de los mismos.
 
Instamos a los gobiernos a renunciar al uso de los recursos acumulados, así como de los provenientes de nuevos aportes para fines distintos al financiamiento de sus pensiones, escudándose en el hecho de que el derecho de propiedad sobre los mismos no está suficientemente arraigado entre los trabajadores.
 
México, 14 mayo 2003.