Durante los últimos días el presidente Castillo anunció que pronto se pondrá en marcha un comité de reforma del sistema de pensiones. Ojalá que ésta empiece pronto, porque el sistema se encuentra acechado por el populismo. Considero que esta comisión debería responder a varias problemáticas. En esa línea planteo debajo algunas preguntas y respuestas de cara a ordenar un buen diagnóstico y potenciales soluciones.

1) ¿Todo peruano debe tener derecho a recibir una pensión de jubilación?

Sí, sin ninguna duda. El Estado debe desarrollar los mecanismos que permitan que todo peruano pueda tener un acceso al menos a una mensualidad que mínimamente asegure su subsistencia al jubilarse. Sobre ello, luego, deben construirse las estructuras que permitan incrementar el tamaño de dicha mensualidad, de acuerdo con las capacidades de ahorro y esfuerzo, y con criterios de solidaridad. Esto implica que la sociedad, a través de los recursos con que cuente el Estado, financie pensiones no contributivas universales y complemento para pensiones mínimas que se logren bajo determinados requisitos de años de aporte y densidades de cotización.

2) ¿Quién tiene el rol de construir el ahorro o fondos para financiar las pensiones?

La sociedad de manera tripartita: el Estado, el ciudadano y/o trabajador y la empresa bajo determinadas condiciones. El Estado debe diseñar la forma como el sistema debe funcionar y complementar las pensiones de cada peruano. Los trabajadores, por su parte, deberán aportar en función a sus condiciones socioeconómicas. Finalmente, dentro del plano de las contribuciones laborales que realizan las empresas, estas también deberían aportar, pero sin que esto signifique incrementar los costos de contratación que hoy en el Perú asciende a casi 70%, uno de los más altos de Latinoamérica de acuerdo con el BID. Una forma de hacer ello posible, sin incrementar las cargas de contratación es, por ejemplo, redistribuir el actual 9% que sólo se paga a Essalud entre esta y el sistema de pensiones, y, simultáneamente, redistribuir el aporte a pensiones del trabajador entre esta y Essalud. En términos de costos, tanto para empleador y trabajador sería neutral, pero se lograría un sistema con una participación más clara de todos los actores de la sociedad, unidos para un objetivo común, lo cual sería un mensaje muy potente para reforzar el contrato social.

¿La contribución al sistema de pensiones debe ser obligatorio?

Sí, en tanto se pueda. Conceptualmente, dentro del rol tuitivo del Estado, es necesario que este intervenga en solucionar una evidente falla de mercado, que consiste en el sesgo que tienen los seres humanos por el consumo presente y a subestimar los riesgos financieros al jubilarnos. Ante esta situación evidenciada una y otra vez por diferentes investigaciones, es iluso pensar en un sistema de pensiones que se base únicamente en la voluntariedad de las personas. Claro, está, sería ideal que se pudiera incorporar a casi la totalidad de la PEA en el marco de la obligatoriedad, pero la informalidad laboral peruana que se aproxima al 75% de la PEA, lo impide. Pero es clave mantener los espacios donde los esquemas mandatorios sean posibles, y generar otros esquemas que permitan que los grupos formales e informales puedan ahorrar para la etapa final del ciclo de vida.

Lee la nota completa en El Comercio

Durante los últimos días el presidente Castillo anunció que pronto se pondrá en marcha un comité de reforma del sistema de pensiones. Ojalá que ésta empiece pronto, porque el sistema se encuentra acechado por el populismo. Considero que esta comisión debería responder a varias problemáticas. En esa línea planteo debajo algunas preguntas y respuestas de cara a ordenar un buen diagnóstico y potenciales soluciones.

1) ¿Todo peruano debe tener derecho a recibir una pensión de jubilación?

Sí, sin ninguna duda. El Estado debe desarrollar los mecanismos que permitan que todo peruano pueda tener un acceso al menos a una mensualidad que mínimamente asegure su subsistencia al jubilarse. Sobre ello, luego, deben construirse las estructuras que permitan incrementar el tamaño de dicha mensualidad, de acuerdo con las capacidades de ahorro y esfuerzo, y con criterios de solidaridad. Esto implica que la sociedad, a través de los recursos con que cuente el Estado, financie pensiones no contributivas universales y complemento para pensiones mínimas que se logren bajo determinados requisitos de años de aporte y densidades de cotización.

2) ¿Quién tiene el rol de construir el ahorro o fondos para financiar las pensiones?

La sociedad de manera tripartita: el Estado, el ciudadano y/o trabajador y la empresa bajo determinadas condiciones. El Estado debe diseñar la forma como el sistema debe funcionar y complementar las pensiones de cada peruano. Los trabajadores, por su parte, deberán aportar en función a sus condiciones socioeconómicas. Finalmente, dentro del plano de las contribuciones laborales que realizan las empresas, estas también deberían aportar, pero sin que esto signifique incrementar los costos de contratación que hoy en el Perú asciende a casi 70%, uno de los más altos de Latinoamérica de acuerdo con el BID. Una forma de hacer ello posible, sin incrementar las cargas de contratación es, por ejemplo, redistribuir el actual 9% que sólo se paga a Essalud entre esta y el sistema de pensiones, y, simultáneamente, redistribuir el aporte a pensiones del trabajador entre esta y Essalud. En términos de costos, tanto para empleador y trabajador sería neutral, pero se lograría un sistema con una participación más clara de todos los actores de la sociedad, unidos para un objetivo común, lo cual sería un mensaje muy potente para reforzar el contrato social.

¿La contribución al sistema de pensiones debe ser obligatorio?

Sí, en tanto se pueda. Conceptualmente, dentro del rol tuitivo del Estado, es necesario que este intervenga en solucionar una evidente falla de mercado, que consiste en el sesgo que tienen los seres humanos por el consumo presente y a subestimar los riesgos financieros al jubilarnos. Ante esta situación evidenciada una y otra vez por diferentes investigaciones, es iluso pensar en un sistema de pensiones que se base únicamente en la voluntariedad de las personas. Claro, está, sería ideal que se pudiera incorporar a casi la totalidad de la PEA en el marco de la obligatoriedad, pero la informalidad laboral peruana que se aproxima al 75% de la PEA, lo impide. Pero es clave mantener los espacios donde los esquemas mandatorios sean posibles, y generar otros esquemas que permitan que los grupos formales e informales puedan ahorrar para la etapa final del ciclo de vida.

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