El Tribunal Constitucional (TC) de Perú notificó este viernes al Congreso sobre la presentación de la demanda interpuesta por el Ejecutivo contra la ley que ordena la devolución de hasta 4.300 soles (1.194 dólares) a los 4,7 millones de afiliados al sistema público de pensiones.

Según informó el tribunal, el Congreso peruano recibió formalmente la demanda del poder Ejecutivo, que rechaza la norma que dispone la devolución de los fondos administrativos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) debido al millonario desembolso que representa para el Estado.

Dicha ley fue aprobada por el Congreso la semana pasada, con el voto a favor de 87 legisladores, 21 en contra y tres abstenciones, y fue publicada el 4 de diciembre, a pesar de que el Gobierno anunciara que presentaría una demanda ante el TC para impedir su ejecución.

Dado que el sistema público de pensiones tiene un mecanismo de reparto, que significa que los trabajadores en activo aportan a un fondo común del cual se pagan las pensiones de los jubilados, el ministerio de Economía había objetado la figura planteada por el Parlamento.

De acuerdo con el procedimiento, el Poder Legislativo dispone ahora de 30 días hábiles para responder la demanda del Ejecutivo.

Lee la entrevista completa en EFE

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El Tribunal Constitucional (TC) de Perú notificó este viernes al Congreso sobre la presentación de la demanda interpuesta por el Ejecutivo contra la ley que ordena la devolución de hasta 4.300 soles (1.194 dólares) a los 4,7 millones de afiliados al sistema público de pensiones.

Según informó el tribunal, el Congreso peruano recibió formalmente la demanda del poder Ejecutivo, que rechaza la norma que dispone la devolución de los fondos administrativos por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) debido al millonario desembolso que representa para el Estado.

Dicha ley fue aprobada por el Congreso la semana pasada, con el voto a favor de 87 legisladores, 21 en contra y tres abstenciones, y fue publicada el 4 de diciembre, a pesar de que el Gobierno anunciara que presentaría una demanda ante el TC para impedir su ejecución.

Dado que el sistema público de pensiones tiene un mecanismo de reparto, que significa que los trabajadores en activo aportan a un fondo común del cual se pagan las pensiones de los jubilados, el ministerio de Economía había objetado la figura planteada por el Parlamento.

De acuerdo con el procedimiento, el Poder Legislativo dispone ahora de 30 días hábiles para responder la demanda del Ejecutivo.

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