Los principales resultados de la nueva edición de este informe son los siguientes:
Los activos bajo administración en los planes de pensiones de capitalización y privados ascendieron a más de USD 38.000.000 millones en los países de la OCDE al cierre de 2016, el mayor nivel alcanzado hasta ahora. EE.UU. tiene el 66% de dichos activos. Estos planes continuaron expandiéndose en países como Australia, Canadá, Dinamarca y Holanda, donde los activos bajo administración excedieron el tamaño del PIB.
Los proveedores de pensiones obtuvieron positivos retornos reales para las inversiones de los fondos de pensiones, netos de gastos de inversión, al cierre de 2016 en los 28 de los 31 países de la OCDE analizados, y en 25 de los 32 países no-OECD incluidos en el análisis. Estas tasas de retorno ascendieron a más del 2% en promedio, tanto dentro como fuera del área de la OCDE. Los retornos anuales también fueron positivos en el transcurso de la última década en la mayoría de los países; los mayores retornos en la década se observaron en República Dominicana (6,3%), Colombia (5,8%) y Eslovenia (5,2%).
La mayoría de los países en el 2016 invirtieron los activos de los fondos de pensiones directamente en efectivo y bonos o en acciones. Sin embargo, los proveedores de pensiones en algunos países eligen invertir estos activos indirectamente a través de esquemas de inversión colectivos, lo que ocurre en Bélgica, Estonia, Luxemburgo, Holanda y Suiza, en el área de la OCDE; y en Kosovo y Lituania, en las jurisdicciones fuera de la OCDE. Otras clases de activos también representan una parte importante de los portafolios, tales como tierras y construcciones en algunos países africanos (Kenia, Tanzania, y Zambia) o fondos de capital privado (private equity) en Colombia y Zambia.
Los proveedores de pensiones de todos los países tienden a favorecer los mercados domésticos y sus inversiones en el extranjero están dirigidas hacia ciertas regiones o países vecinos (con la misma moneda), lo que sugiere un sesgo local y regional. Estos sesgos pueden explicarse por los riesgos adicionales que implica la inversión extranjera (riesgos de moneda extranjera o políticos), los costos de cobertura de estos riesgos y de tener el conocimiento y experiencia necesarios en los mercados internacionales, y/o por las barreras regulatorias que pueden inhibir la inversión en el extranjero. Mientras algunos países no-OCDE aun impiden que los proveedores de pensiones inviertan en el extranjero, existe una tendencia general hacia flexibilizar las restricciones, incrementando los límites de inversión y extendiendo la lista de países en los cuales los proveedores de pensiones pueden invertir.
