13 diciembre, 2024
En el año 2009 el INEC reportaba 142,335 pensionados y jubilados. Para el cierre de 2023 la cantidad se había elevado hasta 275,241. Podrían ser muchos más, porque la CSS indica en su rendición de cuentas, que entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 se han desembolsado $2,331 millones a 323,982 pensionados.
Durante la administración del presidente Laurentino Cortizo el país ha experimentado una severa crisis laboral. No hay suficientes empleos formales, se ha aumentado el tamaño de la planilla estatal y crece a un ritmo acelerado el número de jubilados que forman parte de un sistema público de pensiones en crisis,
En los últimos cuatro años el número de nuevos jubilados y pensionados aumentó a razón de 26,194 personas por año, casi el triple del crecimiento entre el 2009 y 2019, que fue de 9,817 nuevos jubilados y pensionados anuales.
Esto, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República. Al mismo tiempo, cada trabajador formal del sector privado que perdió su empleo en la última década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. De una forma u otra, toda esta situación tiene incidencia en el sistema de pensiones y sus finanzas.
Cuando se reformó el sistema público de pensiones o programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en el año 2005, éste se segmentó en dos programas: el llamado subsistema exclusivamente de beneficio definido (SEBD) y el sistema mixto (SM). La idea era evitar que los nuevos trabajadores que empezaban a cotizar en la Caja de Seguro Social (CSS) fueran parte del SEBD, que había demostrado ser insostenible. Se suponía que con la Ley N°51, que entró a regir a partir del año 2008, los trabajadores con edad superior a los 35 años para esa fecha quedarían inscritos en el SEBD, al igual que los que ya estaban pensionados.
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