El principal objetivo de las pensiones no contributivas es la reducción de los niveles de pobreza en la vejez, al asegurar a todos los ciudadanos un nivel mínimo de ingresos cuando cumplen una cierta edad.

En América Latina, el número de países con pensiones no contributivas aumentó de seis en el 2000 a quince en el 2017. Sin embargo, aún existe una brecha significativa, ya que un 41% de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de pensión. Para los países en estudio se desprenden las siguientes observaciones:

• Cobertura: Bolivia y México universalizaron las pensiones no contributivas y Chile creó la Pensión Garantizada Universal (que cubre al 70% de la población de 65 o más años). En los demás países en estudio la cobertura es limitada, fluctuando entre 3,5% y 37,8%.

• Beneficios: Costa Rica, Chile y Uruguay entregan pensiones no contributivas cercanas al 100% de la línea de la pobreza, mientras que en los demás países los beneficios otorgados no alcanzan la mitad de la línea de la pobreza.

La expansión de la cobertura y el aumento en el nivel de los beneficios de este tipo de programas son necesarios dada la realidad de América Latina, pero pueden tener costos fiscales significativos y distorsionar los mercados laborales si los beneficios son muy elevados y/o el diseño contiene impuestos implícitos. Los estudios existentes muestran que las pensiones no contributivas que tienen un impuesto implícito han reducido la participación laboral y las cotizaciones a los programas contributivos, especialmente entre quienes están más cerca del retiro y entre las mujeres.

Solo en Perú la obtención de una pensión contributiva hace perder el derecho a recibir la pensión no contributiva. Sin embargo, en Bolivia, El Salvador y Chile, existe un impuesto implícito, porque la recepción de una pensión contributiva implica la reducción de los beneficios no contributivos para todos o algunos grupos de pensionados. En los restantes países no existe una relación directa entre la pensión no contributiva y contributiva, pero la obtención de esta última podría también afectar el derecho a obtener la pensión no contributiva si con ello se deja de cumplir las condiciones de elegibilidad

Por otra parte, en general, los beneficios no contributivos se financian con el presupuesto público, tal como recomiendan instituciones internacionales como la OCDE. No obstante, en Colombia, Costa Rica y Uruguay, los fondos provienen, al menos en parte, de cotizaciones previsionales. En este último caso se afectan los incentivos a trabajar en el mercado del trabajo formal y a cotizar a los programas contributivos.

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