• Ante el shock negativo de ingresos provocado por la pandemia, que fue más fuertemente sentido por los trabajadores informales, las medidas de apoyo han ido desde transferencias directas por parte del Estado, flexibilizaciones al seguro de desempleo, entrega de créditos blandos y programas de protección del empleo, entre otros. Un dato importante a mencionar es que solo tres países en el mundo permitieron retirar ahorros de los fondos previsionales obligatorios: Australia, Chile y Perú.

• El retiro no focalizado de fondos de ahorro para la vejez es una inadecuada política pública, ya que justamente puede ser aprovechada por aquellos trabajadores que han tenido carreras laborales más estables y han cotizado con regularidad, y no beneficia a aquellos trabajadores que por distintos motivos (por ejemplo, amplios períodos en el sector informal) no han podido aportar a sus cuentas de ahorro individual y si han aportado en algún momento, el monto de ahorro del que disponen es muy bajo. Asimismo, no exigir requisitos para retirar anticipadamente ahorros obligatorios, genera un retiro masivo de ahorros pensionales, exacerbando el problema de las bajas pensiones y gasto fiscal.

• En Chile, los retiros han repercutido en reducciones promedio de 23% del saldo acumulado en las cuentas personales, traduciéndose en una merma que será de entre 15% y 18% en las pensiones futuras de las mujeres, y de entre 10% y 13% para los hombres. En el caso peruano, estimaciones dan cuenta de una caída de hasta 24,5% en los saldos acumulados en las cuentas individuales, afectando principalmente a los trabajadores cercanos a los 40 años, quienes no tendrán tiempo suficiente para restituir sus fondos.

• Los retiros anticipados deben ser un recurso de última instancia y en caso de ser autorizados, su diseño debe incluir focalización, neutralidad tributaria y mecanismos de reposición de fondos, para no generar una caída significativa en el monto de las pensiones.

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