A pesar de haberse jubilado hace más de una década, a sus 71 años Agustín tuvo que volver a trabajar para poder subsistir. “Tengo este empleo, en una fábrica de Nueva York, desde hace poco”, relata mientras se alista para cubrir una jornada nocturna de siete horas. El trabajo consiste en empacar galletas.

Agustín llegó a Estados Unidos en 2023. Sin pensión, a pesar de tener más de los 60 años que exige la ley para pensionarse en Nicaragua, su país natal. En 2018, ya siendo adulto mayor, tuvo que luchar por sus derechos pensionales, junto con cientos de personas que se manifestaron en contra de unas medidas gubernamentales que afectaban fuertemente a los pensionados. La situación se complicó tanto que desencadenó la crisis política y social más grave en la historia reciente de Nicaragua.

Agustín se enfrentó a la represión del régimen. Y, junto a miles de manifestantes, ganó la batalla contra las medidas propuestas por el sandinismo. Sin embargo, fue encarcelado y expulsado de su propio país, por el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Como varias personas entrevistadas para este reportaje, pide que se le resguarde su identidad porque el gobierno de su país lleva a cabo persecuciones contra toda persona que exprese opiniones en su contra.

Todo comenzó el 16 de abril de 2018, cuando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), entidad encargada de las cotizaciones y pensiones por jubilación, aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Social que dos días después fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial.

Entre las medidas se contemplaba la intención de reducir 5 por ciento las pensiones y cambiar la fórmula de cálculo para los nuevos pensionados. Estas acciones desataron grandes manifestaciones que iniciaron en las ciudades de Managua y León. Posteriormente, se extendieron en todo el país. La represión dejó alrededor de 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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A pesar de haberse jubilado hace más de una década, a sus 71 años Agustín tuvo que volver a trabajar para poder subsistir. “Tengo este empleo, en una fábrica de Nueva York, desde hace poco”, relata mientras se alista para cubrir una jornada nocturna de siete horas. El trabajo consiste en empacar galletas.

Agustín llegó a Estados Unidos en 2023. Sin pensión, a pesar de tener más de los 60 años que exige la ley para pensionarse en Nicaragua, su país natal. En 2018, ya siendo adulto mayor, tuvo que luchar por sus derechos pensionales, junto con cientos de personas que se manifestaron en contra de unas medidas gubernamentales que afectaban fuertemente a los pensionados. La situación se complicó tanto que desencadenó la crisis política y social más grave en la historia reciente de Nicaragua.

Agustín se enfrentó a la represión del régimen. Y, junto a miles de manifestantes, ganó la batalla contra las medidas propuestas por el sandinismo. Sin embargo, fue encarcelado y expulsado de su propio país, por el régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Como varias personas entrevistadas para este reportaje, pide que se le resguarde su identidad porque el gobierno de su país lleva a cabo persecuciones contra toda persona que exprese opiniones en su contra.

Todo comenzó el 16 de abril de 2018, cuando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), entidad encargada de las cotizaciones y pensiones por jubilación, aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Social que dos días después fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial.

Entre las medidas se contemplaba la intención de reducir 5 por ciento las pensiones y cambiar la fórmula de cálculo para los nuevos pensionados. Estas acciones desataron grandes manifestaciones que iniciaron en las ciudades de Managua y León. Posteriormente, se extendieron en todo el país. La represión dejó alrededor de 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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