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14 agosto, 2023

Marcha de Pensiones N° 2 2023 / Julio 2023

En esta edición del informe, destacamos lo siguiente:

  • Crisis en los sistemas públicos de reparto y/o en sistemas con administración estatal. El gobierno de Costa Rica quedó debiendo unos USD 189 millones a la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), lo cual obedece a facturas correspondientes al pago de las contribuciones estatales a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En Estados Unidos, una encuesta realizada para Newsweek señala que un 60% de las personas se encuentra “muy preocupada” de que el monto de las pensiones de la seguridad social (de reparto) se reduzca antes de que se jubilen. En Ecuador, la comisión encargada de reformar el sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentará propuestas clave en busca de reducir el déficit que enfrenta actualmente el sistema, entre las cuales se encuentra aumentar gradualmente el número de años para determinar la pensión y ajustar la edad mínima y los años de aporte para jubilarse. Por su parte, en Paraguay, el Instituto de Previsión Social (IPS) apoya reforma al sistema de pensiones para intentar zanjar el multimillonario déficit del sistema de reparto.
  • Chile: Encuesta de la Universidad San Sebastián (USS) muestra que casi el 80% de las personas quiere poder elegir quien administra sus fondos de pensiones. Además, la Encuesta Plaza Pública Cadem revela que un 51% cree que el 6% extra de cotización debería ir en su totalidad a la cuenta personal del trabajador.
  • Kenia: El gobierno implementó nuevas reglas de contribución bajo el programa de cuentas individuales del país, el Fondo Nacional de Seguridad Social (NSSF), luego de que un tribunal de apelaciones afirmara que son legales. En particular, las nuevas reglas aumentan las tasas de contribución de los empleados y los empleadores, aumentan el límite máximo de ingresos cubiertos e introducen dos niveles de contribución.
  • Países bajos: El Senado aprobó la Ley del Futuro de las Pensiones, que exige que los planes de pensión de beneficios definidos (BD) en el sistema cuasi-obligatorio de pensiones ocupacionales del país hagan la transición a planes de pensiones de contribución definida (CD) antes del 1 de enero de 2028.

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