● Crisis en los sistemas de reparto en el mundo. En Argentina la información da cuenta de que sólo el 11,2% de las mujeres entre 55 y 59 años cuentan con más de 20 años de aportes, por lo que, al cumplir los 60 años, sólo 1 de cada 10 podrá jubilarse sin recurrir a moratorias. Además, en el sistema argentino la mitad del gasto público se lo lleva la entidad que administra el sistema público de pensiones de reparto (ANSES). En Ecuador, el desempleo causado por la pandemia de Covid-19 se ha visto reflejado en desafiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que administra el sistema público de reparto, agravando así su sostenibilidad fiscal y liquidez para pagar pensiones y descapitalizando su reserva. En Costa Rica, en tanto, con el fin de alargar vida del régimen de pensiones público de reparto (IVM) al 2061, la Superintendencia de Pensiones plante redirigir los aportes patronales que van desde ciertas entidades hacia el IVM, calcular el monto de la pensión con todos los salarios cotizados, e igualar los requisitos de jubilación entre hombres y mujeres para que, en ambos casos, la edad de retiro sea a los 62 años.
● España: Comisión del Pacto de Toledo se da hasta agosto para que los distintos grupos realicen sus posicionamientos sobre una reforma al sistema de pensiones. Economistas coinciden en que reformas podrían reducir el nivel de la tasa de reemplazo (del 88% al 70%), aumentar la edad de jubilación (hasta unos 70 años), acotar la jubilación anticipada, y potenciar los planes de pensiones privados complementarios.
● Holanda: Se ha llegado a acuerdo para una reforma que, de aprobarse, significará la introducción de cuentas personales de pensión, contribuciones definidas, fondos de pensiones de ciclo de vida, fin a las pensiones garantizadas que ahora dependerán de los retornos de las inversiones, y un objetivo de pensión de aproximadamente 75% del salario promedio después de 40 años de servicio.
● México: El gobierno anunció que enviará una iniciativa de reforma de pensiones que propone: (i) aumentar en forma gradual la tasa de contribución total al programa de capitalización individual en un período de 8 años desde el 6,5% al 15% del salario; (ii) reducir de 1.250 semanas a 750 semanas el requisito para obtener una pensión mínima garantizada; y (iii) aumentar el monto de la pensión mínima garantizada, pasando desde un promedio de 3.289 pesos (aprox. USD 148) a un promedio de 4.345 pesos (aprox. USD 195).
