• Sistemas de reparto en la mira. En Costa Rica el Ministerio de Hacienda ha admitido ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que no es capaz de financiar el alza en cotización de 0,66 puntos porcentuales al sistema de reparto (originalmente el aporte estatal era de 0,58 puntos y con el aumento llega al 1,24%), mientras no logre una solución al déficit fiscal estructural. En otro ámbito, la mesa de diálogo para la reforma del sistema ha solicitado un mes más para entregar una propuesta final. En Colombia, un estudio reciente demuestra que la combinación de la transición demográfica con la alta informalidad del mercado laboral hace inviable la existencia de un régimen de pensiones de reparto; en ese país la informalidad provoca que solo haya 2 trabajadores formales que cotizan a la seguridad social en pensiones por cada adulto mayor.

• Se aprueba la reforma de pensiones en El Salvador. A fines de septiembre se aprobó una reforma al sistema de pensiones que entra en vigor el 6 de octubre. La reforma establece fundamentalmente el aumento de la cotización del 13% al 15% (7,25% lo aporta el trabajador y 7,75% el empleador). La cotización para la cuenta individual comenzará con el aporte del 8% en el 2017 y llegará al 11,1% en el 2050, mientras que el aporte para el fondo solidario comenzará con un 5% en el 2017 hasta bajar al 2% en el 2050. El 2% financiará una Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), administrada por la AFP, que se activará para cubrir las pensiones vitalicias cuando se termine al ahorro de la cuenta individual. El restante 1,9% se destinará al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia y comisión de AFP (previo a la reforma este porcentaje era de 2,2%).

• Entran a tramitación proyectos para reformar el sistema de pensiones en Chile. En agosto entraron a tramitación al Congreso 3 proyectos de ley para reformar el sistema de pensiones; dos de ellos buscan la creación de un 5% de cotización adicional al 10% actual y la entidad estatal que lo gestionará; de este 5%, 2% va a un fondo de ahorro colectivo y 3% a cuentas personales fuera de las AFP; un tercer proyecto introduce modificaciones al sistema de AFP en cuanto a competencia, eficiencia, transparencia, y APV colectivo, entre otras. La reforma propuesta grava a los asalariados con una carga destinada a mejorar las pensiones de personas que tienen ingresos que pueden ser incluso mejores, lo que es completamente regresivo, y crea un impuesto al trabajo que podría generar una pérdida de hasta 400 mil empleos.

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