Este estudio analiza el caso de Colombia, un país emergente en que la combinación de la transición demográfica con una alta informalidad del mercado laboral hace inviable la existencia de un régimen de pensiones de reparto.

En teoría, un país como Colombia tiene aún una población joven y está, por lo tanto, “gozando” del llamado Bono o Dividendo Demográfico. En estas condiciones, cuenta con una relación entre la población económicamente activa y los adultos en edad de retiro relativamente elevada (casi 7 trabajadores activos por cada adulto mayor de 65 años), lo que debería permitir que los trabajadores activos puedan durante algún tiempo más financiar con sus cotizaciones las pensiones de los adultos mayores (“solidaridad intergeneracional”).

Sin embargo, debido a la informalidad, solo hay 2 trabajadores formales que cotizan a la seguridad social en pensiones por cada adulto mayor. En esas condiciones, aún si se adoptasen a la brevedad todas las medidas necesarias para mejorar la formalidad laboral, el informe señala que cuando dichas medidas tengan efecto, la relación entre activos y adultos mayores habrá caído significativamente y Colombia habrá ya perdido su dividendo demográfico. Como consecuencia, los jóvenes, que hoy son solidarios con los mayores, no tendrán quiénes sean solidarios con ellos al llegar al retiro laboral.