La dependencia se define como una disminución de la capacidad funcional, física o cognitiva, que implica que la persona que la sufre necesita de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria por un periodo extenso de tiempo.

La falta de definición e implementación de políticas de apoyo y cobertura financiera de la población frente a la contingencia de dependencia, puede tener costos importantes para el mercado laboral y el sistema previsional, pues genera una reducción en la oferta de trabajo y menores cotizaciones para el financiamiento de las pensiones de los familiares que deben asumir los cuidados de largo plazo de las personas con dependencia (en inglés long-term care, en adelante, LTC). Además, aumenta el riesgo de caer en la pobreza para las personas que sufren esta contingencia y sus familias, genera una mayor prevalencia de problemas mentales entre ellas, y tiene efectos fiscales tanto por los menores impuestos y cotizaciones recaudadas, como por las mayores transferencias gubernamentales a las personas que caen en la pobreza.

En las próximas décadas el desafío del cuidado del adulto mayor con dependencia y del financiamiento de sus costos aumentará en América Latina, debido al envejecimiento de la población y al aumento de las expectativas de vida. Esto se traducirá en un incremento de la demanda por servicios de cuidado para las personas con dependencia y en un aumento de los años durante los cuales se requerirá de dichos servicios. Para enfrentar este desafío es indispensable evaluar la implementación de políticas públicas que ofrezcan una cobertura básica adecuada contra el riesgo financiero de dependencia, con un enfoque sistémico e integral que asegure el financiamiento de las prestaciones y la sostenibilidad de los programas respectivos.

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