El Banco de España pone en duda los ahorros que espera el Gobierno por las jubilaciones demoradas y estima que la recaudación por IRPF aumentó en 11.000 millones por la inflación.

El Banco de España hace una llamada de atención sobre el reto de las pensiones. Ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos a demorar la jubilación serán suficientes por sí solos para abordar un problema de “extraordinaria envergadura” y “uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años”, señala en su informe anual publicado este martes. En España, además, el envejecimiento será incluso más acusado que en otros países: haría falta que en 2053 se triplicaran las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre los extranjeros residentes para que pueda permanecer igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas. Para dentro de tres décadas, el INE espera que en España haya 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos. Con estas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecharía mucho. Así que para mantener la tasa de dependencia actual, situada en el 26%, el Banco de España explica que la población inmigrante trabajadora tendría que subir en más de 24 millones hasta un total de 37 millones. Habría bastantes más trabajadores foráneos que españoles. E implicaría que se tendrían que crear unos 800.000 puestos de trabajo al año solo para acoger estas llegadas.

El supervisor también cuestiona las proyecciones del Gobierno y de la Comisión Europea sobre la partida de pensiones: en primer lugar recuerda que los desembolsos en prestaciones siempre han superado las cifras que se preveían y que, en consecuencia, estas se han estado revisando continuamente al alza. Y, por otro lado, cuestiona directamente una de las principales medidas de ahorro que ha planteado el Ejecutivo y que ha aceptado Bruselas como buena: los incentivos para demorar de forma voluntaria la jubilación más allá de la edad legal. Los cálculos del Gobierno sostienen que en 2050 el gasto puede bajar en unos 1,4 puntos de PIB porque la mitad de los trabajadores van a retrasar por voluntad propia su retiro durante tres años. El Banco de España ni siquiera cuestiona el número de ciudadanos que vayan a posponer su jubilación, que ha aumentado desde el 4% al 8% de las jubilaciones en los últimos años y que, por lo tanto, dista mucho del 50% de ellas. Respecto a esto, el supervisor simplemente afirma que hay mucha incertidumbre sobre cuántos retrasarán su retiro.

Lee la nota completa en El País.

El Banco de España pone en duda los ahorros que espera el Gobierno por las jubilaciones demoradas y estima que la recaudación por IRPF aumentó en 11.000 millones por la inflación.

El Banco de España hace una llamada de atención sobre el reto de las pensiones. Ni la llegada de inmigrantes, ni las subidas de cotizaciones, ni los incentivos a demorar la jubilación serán suficientes por sí solos para abordar un problema de “extraordinaria envergadura” y “uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años”, señala en su informe anual publicado este martes. En España, además, el envejecimiento será incluso más acusado que en otros países: haría falta que en 2053 se triplicaran las previsiones que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre los extranjeros residentes para que pueda permanecer igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas. Para dentro de tres décadas, el INE espera que en España haya 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos. Con estas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecharía mucho. Así que para mantener la tasa de dependencia actual, situada en el 26%, el Banco de España explica que la población inmigrante trabajadora tendría que subir en más de 24 millones hasta un total de 37 millones. Habría bastantes más trabajadores foráneos que españoles. E implicaría que se tendrían que crear unos 800.000 puestos de trabajo al año solo para acoger estas llegadas.

El supervisor también cuestiona las proyecciones del Gobierno y de la Comisión Europea sobre la partida de pensiones: en primer lugar recuerda que los desembolsos en prestaciones siempre han superado las cifras que se preveían y que, en consecuencia, estas se han estado revisando continuamente al alza. Y, por otro lado, cuestiona directamente una de las principales medidas de ahorro que ha planteado el Ejecutivo y que ha aceptado Bruselas como buena: los incentivos para demorar de forma voluntaria la jubilación más allá de la edad legal. Los cálculos del Gobierno sostienen que en 2050 el gasto puede bajar en unos 1,4 puntos de PIB porque la mitad de los trabajadores van a retrasar por voluntad propia su retiro durante tres años. El Banco de España ni siquiera cuestiona el número de ciudadanos que vayan a posponer su jubilación, que ha aumentado desde el 4% al 8% de las jubilaciones en los últimos años y que, por lo tanto, dista mucho del 50% de ellas. Respecto a esto, el supervisor simplemente afirma que hay mucha incertidumbre sobre cuántos retrasarán su retiro.

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