La situación actual de los planes de pensiones de empleo (PPE) en España refleja un escenario mixto. Y es que, a pesar de su potencial como complemento a las pensiones públicas de jubilación, apenas el 10% de la población activa (unos dos millones de trabajadores) cuenta con uno de estos productos. Como señala Rosa María Moya, directora de Previsión Empresarial de Banco Sabadell, “la gran mayoría de los fondos de empleo están promovidos por las grandes empresas, mientras que las pymes carecen, en general, de participación en este tipo de vehículos financieros”. Este panorama es lo que ha pretendido cambiar la Administración pública con la nueva Ley 12/2022, que ha entrado en vigor este año, que ha abierto los PPE a los trabajadores autónomos y los ha convertido en un producto más atractivo.

Los PPE son unos instrumentos que permiten que los trabajadores complementen su pensión pública de jubilación con ahorro privado. Las aportaciones a estos planes las realizan las propias compañías a nombre de sus empleados, pero estos también pueden hacer contribuciones voluntarias. Con todas las aportaciones se crea un fondo que podrán rescatar cuando se jubilen o antes en alguno de estos supuestos: invalidez, dependencia, paro de larga duración, fallecimiento o, a partir de 2025, cuando el plan haya superado los 10 años desde que se constituyó.

Gracias a los cambios en la ley, los PPE ofrecen ciertas ventajas frente a los planes de pensiones individuales (PPI): “Tienen menores comisiones de gestión y depósito y proporcionan una supervisión más rigurosa por parte de las entidades promotoras, lo que brinda una mayor confianza”, explica Moya, que participará en el webinar Situación internacional y perspectivas de mercados financieros para planes de pensiones de empleo, organizado a través de HUB Empresa de Banco Sabadell. Los beneficios fiscales también suponen un cambio importante que multiplica su atractivo: “La ventaja más clara que tienen los PPE es la posibilidad de que sus partícipes puedan aportar y desgravarse un importe muy superior al que se les permite en los PPI”, añade esta experta.

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La situación actual de los planes de pensiones de empleo (PPE) en España refleja un escenario mixto. Y es que, a pesar de su potencial como complemento a las pensiones públicas de jubilación, apenas el 10% de la población activa (unos dos millones de trabajadores) cuenta con uno de estos productos. Como señala Rosa María Moya, directora de Previsión Empresarial de Banco Sabadell, “la gran mayoría de los fondos de empleo están promovidos por las grandes empresas, mientras que las pymes carecen, en general, de participación en este tipo de vehículos financieros”. Este panorama es lo que ha pretendido cambiar la Administración pública con la nueva Ley 12/2022, que ha entrado en vigor este año, que ha abierto los PPE a los trabajadores autónomos y los ha convertido en un producto más atractivo.

Los PPE son unos instrumentos que permiten que los trabajadores complementen su pensión pública de jubilación con ahorro privado. Las aportaciones a estos planes las realizan las propias compañías a nombre de sus empleados, pero estos también pueden hacer contribuciones voluntarias. Con todas las aportaciones se crea un fondo que podrán rescatar cuando se jubilen o antes en alguno de estos supuestos: invalidez, dependencia, paro de larga duración, fallecimiento o, a partir de 2025, cuando el plan haya superado los 10 años desde que se constituyó.

Gracias a los cambios en la ley, los PPE ofrecen ciertas ventajas frente a los planes de pensiones individuales (PPI): “Tienen menores comisiones de gestión y depósito y proporcionan una supervisión más rigurosa por parte de las entidades promotoras, lo que brinda una mayor confianza”, explica Moya, que participará en el webinar Situación internacional y perspectivas de mercados financieros para planes de pensiones de empleo, organizado a través de HUB Empresa de Banco Sabadell. Los beneficios fiscales también suponen un cambio importante que multiplica su atractivo: “La ventaja más clara que tienen los PPE es la posibilidad de que sus partícipes puedan aportar y desgravarse un importe muy superior al que se les permite en los PPI”, añade esta experta.

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