El sistema de Seguridad Social cerró 2020 con unos ingresos de 152.044 millones de euros y unos gastos de 171.883 millones de euros, lo que arroja un saldo negativo de casi 20.000 millones de euros (19.839 millones concretamente), prácticamente el 1,8% del PIB. Se trata de unos números rojos que marcan un récord histórico, en el marco de la crisis del Covid-19, según las cifras extraídas del Informe Económico Financiero de la Seguridad, a la espera del cierre de la Contabilidad Nacional a finales de marzo.

Habría que remontarse a 2017 para encontrar el segundo déficit más abultado en términos absolutos (18.675 millones) y a 2016 para hallar el segundo déficit sobre el PIB más elevado (1,66%).

Este resultado es fruto del mayor incremento de los gastos en lo que va de siglo, ya que avanzaron casi un 9%, frente a un incremento de los ingresos que, aun siendo elevado (7,6%), fue superior en los años de bonanza 2006 y 2007, previos a la anterior crisis financiera y en 2019 (7,73%).

Esos casi 20.000 millones, no obstante, son solo la cifra que la Seguridad Social está reconociendo como saldo negativo. Si bien, analizado sus cuentas se observa que en 2020 se duplicó el capítulo de transferencias del Estado, que es el dinero que la Administración estatal transfiere a la Seguridad Social en teoría para el pago de prestaciones universales, no contributivas y otros gastos que se costean con impuestos (como el ingreso mínimo vital u otras ayudas familiares) y, por tanto no aflora como deuda de la Seguridad Social. Pasó de los 15.687 millones de transferencias estatales en 2019 a 30.364 en 2020, 14.677 millones más, gracias a una ampliación aprobada por el Gobierno.

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