La Seguridad Social, el principal organismo que está asumiendo las ayudas para trabajadores y empresarios frente a la Covid-19, acumulará una deuda de 85.350,6 millones de euros con el Estado este año, una vez se contabilicen los dos préstamos concedidos en los últimos meses, por valor de 30.330 millones, para hacer frente al pago de las pensiones y de las nuevas prestaciones puestas en marcha, como la de autónomos o el ingreso mínimo vital.
Los presupuestos de 2018, prorrogados en 2019 y 2020, contemplaban un préstamo con el objetivo de garantizar el pago puntual de las pensiones por valor de 13.830 millones de euros, cuya concesión volvió a ser aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril, aunque aún no está contabilizada como deuda en las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Tampoco está computado todavía como deuda el segundo préstamo de 16.500 millones concedido por el Estado el 26 de mayo para evitar tensiones de liquidez al sistema, tras las medidas excepcionales tomadas para hacer frente a los efectos de la pandemia de la COVID-19.
Entre ellas, la prestación extraordinaria para autónomos, que exime del pago de las cuotas a la Seguridad Social, la exoneración de cotizaciones por ERTE por fuerza mayor y la mayor flexibilidad en los aplazamientos para empresas y autónomos. A ello se suman las pagas extraordinarias de junio y noviembre de las pensiones, que suponen sendas nóminas de unos 20.000 millones.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriva, reconocía esta semana en rueda de prensa que la liquidez provista hasta el momento “probablemente no será suficiente para la situación que vamos a abordar este año”.
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