La sostenibilidad del sistema de pensiones seguirá siendo un quebradero de cabeza para el próximo gobierno que salga de las urnas el 28 de abril y requerirá de fuertes dosis de debate y consenso entre todas las fuerzas políticas en el Pacto de Toledo. La situación laboral ha mejorado pero las autonomías más afectadas por la despoblación y el envejecimiento, como Castilla y León, siguen agravando su situación deficitaria y requieren cada vez más de la solidaridad territorial. La Seguridad Social cerró el año pasado sus cuentas con un déficit en la Comunidad, de más de 3.500 millones de euros, con un aumento del 5,6 por ciento respecto al año anterior.

Los datos provisionales de cierre de ingresos y gastos, comparados por Ical, revelan que las cotizaciones ascendieron en Castilla y León el año pasado a 3.945,52 millones de euros, con un aumento del 3,42 por ciento respecto a 2017, auspiciado por el crecimiento de afiliados en 13.909 personas, hasta los 915.566 registrados a finales de año.

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