La derogación del Índice de Revalorización y la vinculación de las subidas con la inflación y la anulación del factor de sostenibilidad, medidas propuestas por el Gobierno para la reforma del sistema de pensiones, llevaría el gasto anual en pensiones al 14,2% del PIB en 2050. Supondría, según recoge El Economista, un aumento de la factura anual de las prestaciones de 40.000 millones de euros.

Concretamente, la derogación del factor de sostenibilidad unido a la sustitución del IRP por el IPC como guía para la revalorización de las pagas supone endosar a la factura anual 40.000 millones de euros. De modo que si en 2019 el desembolso en prestaciones alcanzaba el 10,9% del PIB, y según las estimaciones de la AIReF, estas dos medidas harán que en 2050 este coste ascienda a 14,2 puntos porcentuales del PIB.

Este aumento del gasto provocaría según la AIReF, asumir un volumen de deuda letal para la economía, en el entorno del 165% del PIB. De no introducirse un elemento corrector del gasto asociado a la evolución demográfica, la deuda pública ascendería hasta el 175% del PIB como producto de la reforma que está llevando a cabo el Gobierno.

Fuente: Inese

La derogación del Índice de Revalorización y la vinculación de las subidas con la inflación y la anulación del factor de sostenibilidad, medidas propuestas por el Gobierno para la reforma del sistema de pensiones, llevaría el gasto anual en pensiones al 14,2% del PIB en 2050. Supondría, según recoge El Economista, un aumento de la factura anual de las prestaciones de 40.000 millones de euros.

Concretamente, la derogación del factor de sostenibilidad unido a la sustitución del IRP por el IPC como guía para la revalorización de las pagas supone endosar a la factura anual 40.000 millones de euros. De modo que si en 2019 el desembolso en prestaciones alcanzaba el 10,9% del PIB, y según las estimaciones de la AIReF, estas dos medidas harán que en 2050 este coste ascienda a 14,2 puntos porcentuales del PIB.

Este aumento del gasto provocaría según la AIReF, asumir un volumen de deuda letal para la economía, en el entorno del 165% del PIB. De no introducirse un elemento corrector del gasto asociado a la evolución demográfica, la deuda pública ascendería hasta el 175% del PIB como producto de la reforma que está llevando a cabo el Gobierno.

Fuente: Inese