La crisis derivada del coronavirus complicó, más si cabe, la delicada situación de la Seguridad Social hasta el punto de que este ámbito de la Administración registró en 2020 cifras que se antojan cercanas a la quiebra: su déficit rozó los 30.000 millones de euros, y si la cuantía no fue incluso superior es porque el Estado le inyectó 20.000 millones adicionales.

Unos alarmantes datos que han sido desgranados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de Ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas relativa a 2020, y en donde la propia portavoz del Gobierno ha señalado que la desviación fue del 2,65% del PIB, lo que corresponde a 29.685 millones. Pero sin ese rescate de 20.000 millones por parte del del Estado, ha añadido, la cifra habría superado el 4,5%, esto es, más de 50.000 millones.

Esa notable agujero se produce, sin duda, por la apuntada tensión que ha provocado la crisis del coronavirus en todos los ámbitos del Estado. Pero también es muy relevante la propia situación de la Seguridad Social, en donde los ingresos hace ya tiempo que no son suficientes para cubrir los gastos y las medidas que alivien este contexto son vitales. Y más, si el Gobierno pretende ligar las pensiones al IPC de manera indefinida como ya ocurrió en 2020 y también en 2021 incluso a pesar de los apuntados datos de desviación.

“El Gobierno ha blindado a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social”, ha añadido Montero, incidiendo así en el hecho de que la intervención el Estado ha sido básica para proteger, en gran medida, las cuentas de este ámbito de la Administración. Como consecuencia de ello, la Administración Central registró un déficit el 7,5% del PIB, que sumado al de la Seguridad Social, el superávit de los ayuntamientos y la desviación de las comunidades autónomas, arrojó un déficit conjunto del 10,09%.

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La crisis derivada del coronavirus complicó, más si cabe, la delicada situación de la Seguridad Social hasta el punto de que este ámbito de la Administración registró en 2020 cifras que se antojan cercanas a la quiebra: su déficit rozó los 30.000 millones de euros, y si la cuantía no fue incluso superior es porque el Estado le inyectó 20.000 millones adicionales.

Unos alarmantes datos que han sido desgranados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de Ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas relativa a 2020, y en donde la propia portavoz del Gobierno ha señalado que la desviación fue del 2,65% del PIB, lo que corresponde a 29.685 millones. Pero sin ese rescate de 20.000 millones por parte del del Estado, ha añadido, la cifra habría superado el 4,5%, esto es, más de 50.000 millones.

Esa notable agujero se produce, sin duda, por la apuntada tensión que ha provocado la crisis del coronavirus en todos los ámbitos del Estado. Pero también es muy relevante la propia situación de la Seguridad Social, en donde los ingresos hace ya tiempo que no son suficientes para cubrir los gastos y las medidas que alivien este contexto son vitales. Y más, si el Gobierno pretende ligar las pensiones al IPC de manera indefinida como ya ocurrió en 2020 y también en 2021 incluso a pesar de los apuntados datos de desviación.

“El Gobierno ha blindado a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social”, ha añadido Montero, incidiendo así en el hecho de que la intervención el Estado ha sido básica para proteger, en gran medida, las cuentas de este ámbito de la Administración. Como consecuencia de ello, la Administración Central registró un déficit el 7,5% del PIB, que sumado al de la Seguridad Social, el superávit de los ayuntamientos y la desviación de las comunidades autónomas, arrojó un déficit conjunto del 10,09%.

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