La Seguridad Social afronta un reto sin precedentes en la actual crisis sanitaria, como principal organismo encargado de financiar la mayoría de las ayudas que el Gobierno lleva aprobando durante las últimas semanas con objeto de proteger a empresarios y trabajadores que se han visto obligados a frenar su actividad, y no lo hará en las mejores condiciones presupuestarias. Concretamente, tras el préstamo aprobado por el Consejo de Ministros de 13.830 millones de euros a la Seguridad Social la deuda del organismo roza ya los 70.000 millones de euros, es decir, casi un 6% del PIB de nuestro país.

Cabe recordar, eso sí, que en términos brutos de contabilidad nacional esta deuda computa como parte del conjunto de las administraciones públicas al tratarse de una cesión de dinero por parte del Estado para el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país y, ante la coyuntura, de soportar la cobertura a trabajadores, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena -que prevé una merma de ingresos por la vía de la pérdida de afiliaciones al Sistema y la bonificación de las cotizaciones a los empleados afectados por un ERTE y un alza del gasto por la vía de la nueva ayuda para trabajadores autónomos de carácter extraordinario extendida a causa del cese de actividad-.

Lee la información completa en: El Economista

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La Seguridad Social afronta un reto sin precedentes en la actual crisis sanitaria, como principal organismo encargado de financiar la mayoría de las ayudas que el Gobierno lleva aprobando durante las últimas semanas con objeto de proteger a empresarios y trabajadores que se han visto obligados a frenar su actividad, y no lo hará en las mejores condiciones presupuestarias. Concretamente, tras el préstamo aprobado por el Consejo de Ministros de 13.830 millones de euros a la Seguridad Social la deuda del organismo roza ya los 70.000 millones de euros, es decir, casi un 6% del PIB de nuestro país.

Cabe recordar, eso sí, que en términos brutos de contabilidad nacional esta deuda computa como parte del conjunto de las administraciones públicas al tratarse de una cesión de dinero por parte del Estado para el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país y, ante la coyuntura, de soportar la cobertura a trabajadores, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena -que prevé una merma de ingresos por la vía de la pérdida de afiliaciones al Sistema y la bonificación de las cotizaciones a los empleados afectados por un ERTE y un alza del gasto por la vía de la nueva ayuda para trabajadores autónomos de carácter extraordinario extendida a causa del cese de actividad-.

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