El gasto total de las pensiones tendrá un peso equivalente al 14% del PIB

La inflación se encuentra en máximos desde 1985 en España. La fuerte subida de los precios está destrozando el poder adquisitivo de las familias, sin embargo hay un colectivo que parece estar blindado ante la inflación tras la última reforma: los pensionistas. La indexación de las pensiones al IPC ha llegado justo a tiempo para este colectivo, pero a la vez supondrá un golpe más para las ya maltrechas finanzas públicas. El déficit estructural y la deuda pública sufrirán una nueva vuelta de tuerca justo ahora que los tipos de interés empiezan a despegar.

La reciente Ley 20/2021 incluye, entre otras medidas, la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante su actualización anual con la tasa media del IPC. Con esta medida el legislador quiere proteger a la población pensionista de pérdidas de poder adquisitivo derivadas de la evolución de los precios, aislando a este colectivo de la evolución de la economía, según publica Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada de la URJC en un documento publicado por Fedea.

Esta decisión, no obstante, implica un incremento importante del gasto público en pensiones que la AIReF ha estimado en torno a 2,7 puntos de PIB en 2050, bajo una hipótesis de estabilidad de precios y crecimiento sostenido del PIB. Este aumento se añadiría a una posición de partida ya desequilibrada de las cuentas de la Seguridad Social, que presentan un déficit del 1,2% del PIB pese a las elevadas transferencias estatales destinadas a cubrir una serie muy discutible de supuestos gastos impropios del sistema.

Miguel Ángel García cuantifica el posible impacto de la actualización de las pensiones sobre el gasto público total en esta materia y sobre las cuentas del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023. Los cálculos se basan en hipótesis prudentes sobre la evolución de los precios, salarios y PIB a la luz de la nueva situación creada por la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha elevado la inflación hasta el 9,8% en tasa interanual en marzo. Según el Banco de España, el sobrecoste por la inflación podría superar los 13.000 millones de euros.

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El gasto total de las pensiones tendrá un peso equivalente al 14% del PIB

La inflación se encuentra en máximos desde 1985 en España. La fuerte subida de los precios está destrozando el poder adquisitivo de las familias, sin embargo hay un colectivo que parece estar blindado ante la inflación tras la última reforma: los pensionistas. La indexación de las pensiones al IPC ha llegado justo a tiempo para este colectivo, pero a la vez supondrá un golpe más para las ya maltrechas finanzas públicas. El déficit estructural y la deuda pública sufrirán una nueva vuelta de tuerca justo ahora que los tipos de interés empiezan a despegar.

La reciente Ley 20/2021 incluye, entre otras medidas, la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante su actualización anual con la tasa media del IPC. Con esta medida el legislador quiere proteger a la población pensionista de pérdidas de poder adquisitivo derivadas de la evolución de los precios, aislando a este colectivo de la evolución de la economía, según publica Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada de la URJC en un documento publicado por Fedea.

Esta decisión, no obstante, implica un incremento importante del gasto público en pensiones que la AIReF ha estimado en torno a 2,7 puntos de PIB en 2050, bajo una hipótesis de estabilidad de precios y crecimiento sostenido del PIB. Este aumento se añadiría a una posición de partida ya desequilibrada de las cuentas de la Seguridad Social, que presentan un déficit del 1,2% del PIB pese a las elevadas transferencias estatales destinadas a cubrir una serie muy discutible de supuestos gastos impropios del sistema.

Miguel Ángel García cuantifica el posible impacto de la actualización de las pensiones sobre el gasto público total en esta materia y sobre las cuentas del componente contributivo de la Seguridad Social en 2023. Los cálculos se basan en hipótesis prudentes sobre la evolución de los precios, salarios y PIB a la luz de la nueva situación creada por la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha elevado la inflación hasta el 9,8% en tasa interanual en marzo. Según el Banco de España, el sobrecoste por la inflación podría superar los 13.000 millones de euros.

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