La reforma de las pensiones de 2013, prácticamente desmantelada por la diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pero sobre todo la de 2011, que contemplaba el progresivo aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y la ampliación del periodo de cálculo de las prestaciones, empiezan a dejar ver, tras una década de su entrada en vigor, tímidos efectos positivos, con un descenso reseñable de las jubilaciones anticipadas y un pequeño control de los incrementos porcentuales de gasto, fundamentalmente por esta razón. Pese a todo, la factura continúa siendo difícilmente asumible, debido a las progresivas incorporaciones de jubilados en el sistema, que se convertirán en aluvión en los próximos años por los retiros de la generación ‘baby boom’, la cada vez mayor cuantía de las nuevas pagas y por el compromiso de subir todos los años las prestaciones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Según la estadística de pensiones que publica de forma periódica la Seguridad Social, el gasto en prestaciones de jubilación -que ya suponen más de siete de cada diez euros de la factura total de las contributivas- se sitúo en diciembre del año pasado -mes en el que además se contempla una paga extra con una cuantía similar- en 7.438,5 millones de euros, un 52,3% más que en 2011, cuando se desembolsaron 4.883 millones para pagar las pensiones de retiro. Uno de los factores determinantes es la generosidad del sistema de reparto de las pensiones español en cuanto a cuantía de la prestación en relación al último sueldo recibido, que ronda el 80%, algo excepcional en Europa. Junto a esto, la subida de las prestaciones ligada al IPC y percibido en la empresa -en torno al 80%- hace difícilmente manejable el control del gasto.

El elevado porcentaje de incremento de la factura de estas prestaciones prácticamente duplica el incremento de la cuantía media de la pensión de jubilación, que ha subido el 29,5% en el mismo periodo de tiempo hasta situarse en 1.196 euros. Pese a todo, es reseñable la moderación durante el pasado año en la entrada de nuevos pensionistas y jubilados en el sistema, del incremento de la cuantía de las prestaciones y de la factura global con respecto a los años anteriores en la pandemia, teniendo en cuenta además que esta provocó un importante descenso en los tres factores.

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La reforma de las pensiones de 2013, prácticamente desmantelada por la diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pero sobre todo la de 2011, que contemplaba el progresivo aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y la ampliación del periodo de cálculo de las prestaciones, empiezan a dejar ver, tras una década de su entrada en vigor, tímidos efectos positivos, con un descenso reseñable de las jubilaciones anticipadas y un pequeño control de los incrementos porcentuales de gasto, fundamentalmente por esta razón. Pese a todo, la factura continúa siendo difícilmente asumible, debido a las progresivas incorporaciones de jubilados en el sistema, que se convertirán en aluvión en los próximos años por los retiros de la generación ‘baby boom’, la cada vez mayor cuantía de las nuevas pagas y por el compromiso de subir todos los años las prestaciones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Según la estadística de pensiones que publica de forma periódica la Seguridad Social, el gasto en prestaciones de jubilación -que ya suponen más de siete de cada diez euros de la factura total de las contributivas- se sitúo en diciembre del año pasado -mes en el que además se contempla una paga extra con una cuantía similar- en 7.438,5 millones de euros, un 52,3% más que en 2011, cuando se desembolsaron 4.883 millones para pagar las pensiones de retiro. Uno de los factores determinantes es la generosidad del sistema de reparto de las pensiones español en cuanto a cuantía de la prestación en relación al último sueldo recibido, que ronda el 80%, algo excepcional en Europa. Junto a esto, la subida de las prestaciones ligada al IPC y percibido en la empresa -en torno al 80%- hace difícilmente manejable el control del gasto.

El elevado porcentaje de incremento de la factura de estas prestaciones prácticamente duplica el incremento de la cuantía media de la pensión de jubilación, que ha subido el 29,5% en el mismo periodo de tiempo hasta situarse en 1.196 euros. Pese a todo, es reseñable la moderación durante el pasado año en la entrada de nuevos pensionistas y jubilados en el sistema, del incremento de la cuantía de las prestaciones y de la factura global con respecto a los años anteriores en la pandemia, teniendo en cuenta además que esta provocó un importante descenso en los tres factores.

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