El déficit de la Seguridad Social es uno de los indicadores clave para entender la sostenibilidad de las pensiones. Fedea alerta de un “preocupante” incremento de los números rojos de esta Administración, cuyo déficit básico excluyendo las transferencias del Estado vía impuestos es del 4% del PIB, más de 50.000 millones de euros, un 32,6% más. El sistema es deficitario desde hace más de una década, pero la situación se ha agravado también por el golpe de la pandemia, pese a que el empleo haya mejorado los ingresos por cotizaciones sociales.

Un sistema contributivo, como es el caso español, mantiene las prestaciones de los jubilados con la aportación de la población activa. Entonces, la salud financiera de la Seguridad Social depende en gran medida del empleo, la evolución de los salarios y de la demografía. En el caso de la brecha generada durante los últimos años se debe al golpe de la pandemia y a que los ingresos, pese a mejorar de forma consistente, no son capaces de alcanzar al ritmo del gasto.

La separación de fuentes de financiación obliga al Estado a financiera una parte de las obligaciones de la Seguridad Social, los gastos que técnicamente no corresponden a la Seguridad Social por no ser contributivos, resultando en varias formas posibles de medir el déficit. El peso de las transferencias del Estado es del 23%, lo que provoca que uno de cada cuatro euros de los ingresos venga de los impuestos y no de cotizaciones. El saldo que suele destacar el Ministerio simplemente resta ingresos y gastos, con 6.400 millones en negativo.

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El déficit de la Seguridad Social es uno de los indicadores clave para entender la sostenibilidad de las pensiones. Fedea alerta de un “preocupante” incremento de los números rojos de esta Administración, cuyo déficit básico excluyendo las transferencias del Estado vía impuestos es del 4% del PIB, más de 50.000 millones de euros, un 32,6% más. El sistema es deficitario desde hace más de una década, pero la situación se ha agravado también por el golpe de la pandemia, pese a que el empleo haya mejorado los ingresos por cotizaciones sociales.

Un sistema contributivo, como es el caso español, mantiene las prestaciones de los jubilados con la aportación de la población activa. Entonces, la salud financiera de la Seguridad Social depende en gran medida del empleo, la evolución de los salarios y de la demografía. En el caso de la brecha generada durante los últimos años se debe al golpe de la pandemia y a que los ingresos, pese a mejorar de forma consistente, no son capaces de alcanzar al ritmo del gasto.

La separación de fuentes de financiación obliga al Estado a financiera una parte de las obligaciones de la Seguridad Social, los gastos que técnicamente no corresponden a la Seguridad Social por no ser contributivos, resultando en varias formas posibles de medir el déficit. El peso de las transferencias del Estado es del 23%, lo que provoca que uno de cada cuatro euros de los ingresos venga de los impuestos y no de cotizaciones. El saldo que suele destacar el Ministerio simplemente resta ingresos y gastos, con 6.400 millones en negativo.

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