El Salvador tiene desde 1998 un sistema de pensiones de capitalización individual, administrado por empresas privadas, en el que cada trabajador tiene una cuenta de ahorro a su nombre y acumula dinero para su futura jubilación.

En ese tiempo las expectativas de un sistema privado eran muy prometedoras pues se esperaba que los cotizantes aumentaran año con año y que las condiciones económicas elevaran la pensión para los salvadoreños.

Este año, la nueva Asamblea Legislativa que asumirá sus funciones el 1 de mayo, y en la que la mayoría de diputados pertenecen al partido oficialista de Nayib Bukele, se aprestan a discutir una nueva reforma de pensiones.

Pero el sistema ha sufrido una transformación significativa como producto de las constantes reformas que se han hecho a lo largo de los años.

Desde que las reservas técnicas del Gobierno para pagar a los jubilados del sector público se agotaron entre 2000 y 2001, el Gobierno comenzó a proponer cambios legales para encontrar financiamiento en el sistema de pensiones privado que apenas tenía tres años de haberse creado.

La creación de Certificados de Traspaso (CT) fue una de las primeras medidas obligatorias que se hicieron para que el Gobierno siguiera pagando pensiones públicas con dinero de los cotizantes privados.

Pero de todas ellas, la más significativa ha sido la de 2006, cuando durante el gobierno de Antonio Saca, la Asamblea Legislativa aprobó la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con el que obligó a las AFP (y en definitiva a los trabajadores) a prestarle dinero para que el Gobierno pudiera pagar la pensión de los jubilados del sector público.

Lee la noticia completa en: El Salvador

Para más información ingresa al Linkedin y Twitter de FIAP Internacional

El Salvador tiene desde 1998 un sistema de pensiones de capitalización individual, administrado por empresas privadas, en el que cada trabajador tiene una cuenta de ahorro a su nombre y acumula dinero para su futura jubilación.

En ese tiempo las expectativas de un sistema privado eran muy prometedoras pues se esperaba que los cotizantes aumentaran año con año y que las condiciones económicas elevaran la pensión para los salvadoreños.

Este año, la nueva Asamblea Legislativa que asumirá sus funciones el 1 de mayo, y en la que la mayoría de diputados pertenecen al partido oficialista de Nayib Bukele, se aprestan a discutir una nueva reforma de pensiones.

Pero el sistema ha sufrido una transformación significativa como producto de las constantes reformas que se han hecho a lo largo de los años.

Desde que las reservas técnicas del Gobierno para pagar a los jubilados del sector público se agotaron entre 2000 y 2001, el Gobierno comenzó a proponer cambios legales para encontrar financiamiento en el sistema de pensiones privado que apenas tenía tres años de haberse creado.

La creación de Certificados de Traspaso (CT) fue una de las primeras medidas obligatorias que se hicieron para que el Gobierno siguiera pagando pensiones públicas con dinero de los cotizantes privados.

Pero de todas ellas, la más significativa ha sido la de 2006, cuando durante el gobierno de Antonio Saca, la Asamblea Legislativa aprobó la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con el que obligó a las AFP (y en definitiva a los trabajadores) a prestarle dinero para que el Gobierno pudiera pagar la pensión de los jubilados del sector público.

Lee la noticia completa en: El Salvador

Para más información ingresa al Linkedin y Twitter de FIAP Internacional